En providencia de 17/02/2014, el Tribunal Superior de Bogotá confirma decisión de un juez de primera instancia, en la que se improbó un preacuerdo por ser violatorio de la legalidad vigente. El Tribunal ratifica su postura y resume las diferentes posturas existentes en la jurisprudencia de casación y las sentencias de tutela emitidas por la Corte Suprema. El Tribunal sostiene que:
1. CUANDO UN PREACUERDO ES ILEGAL NO ES FACTIBLE QUE SEA APROBADO POR LOS JUECES
2. EL JUEZ EJERCE UN CONTROL MATERIAL SOBRE LOS PREACUERDOS
3. EL JUEZ FRENTE A UN PREACUERDO NO ES UN CONVIDADO DE PIEDRA
4. CELEBRAR PREACUERDOS QUE DESCONOCEN LA CANTIDAD DE REBAJA MÁXIMA PERMITIDA EN CASOS DE FLAGRANCIA, CONSTITUYE UNA CLARA VIOLACION DE LA LEGALIDAD VIGENTE
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA PENAL
Magistrado
Ponente:
Alberto
Poveda Perdomo
Aprobado Acta N° 014
AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA
Bogotá, D.C., lunes, diecisiete (17) de
febrero de dos mil catorce (2014).
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Radicación
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110016000013201222924
02
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Procedente
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Juzgado
21 Penal del Circuito de Conocimiento
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Procesado
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Luis Ernesto Beltrán Salcedo
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Delito
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Homicidio
y hurto en grado de tentativa
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Asunto
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Imprueba preacuerdo
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Decisión
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Confirma
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I. VISTOS:
1.
Se resuelve el recurso de apelación presentado por el delegado
de la Fiscalía Generalla Nación
-FGN- y la defensa del procesado Luis Ernesto Beltrán Salcedo,
contra la decisión proferida el 13 de enero de 2014 por el Juzgado 21 Penal del
Circuito de Bogotá, que improbó el preacuerdo.
II.
HECHOS Y ANTECEDENTES
PROCESALES:
2.
Se tiene que a las 10:00 de la mañana del 10 de noviembre de 2012, a la altura de la
calle 17 sur con carrera 20, barrio la Fragua de esta ciudad, fue herido con arma
cortopunzante Álvaro Castro Rodríguez,
cuando dos sujetos lo abordaron con el fin de hurtarle una pulidora; ante la
reacción de la ciudadanía se capturó a uno de los agresores, quien fue
identificado como Luis Ernesto Beltrán
Salcedo.
3. Por estos hechos, el 11 de noviembre de 2012
ante el Juzgado 39 Penal Municipal con función de control de garantías se
legalizó la captura; la FGN
le imputó a Beltrán Salcedo los delitos de
homicidio y hurto agravado, ambos en grado de tentativa, sin que el indiciado
se acogiera a los cargos. Igualmente se decretó medida de aseguramiento en
centro de reclusión.
4. El 20 de febrero de 2013 se presentó escrito
de acusación contra Beltrán Salcedo
por las conductas anunciadas en la audiencia de imputación.
5. El 13 de septiembre del mismo año, fecha
señalada para la audiencia de formulación de acusación, la fiscalía manifestó
que llegó a un preacuerdo con el imputado para cambiar la adecuación típica del
delito de homicidio agravado en grado de tentativa por lesiones personales con
deformidad física permanente, en concurso heterogéneo con hurto agravado en
tentativa.
III. EL AUTO IMPUGNADO:
6. El
a quo inadmitió el preacuerdo
presentado y adujo que con el mismo se trasgredían los postulados de legalidad,
tipicidad y proporcionalidad de las penas, porque la adecuación típica con
miras a disminuir la pena conlleva a que se le imponga una sanción irrisoria
frente a la conducta desplegada. Advirtió que de la narración de hechos
presentada por la FGN ,
se debía concluir que se estaba ante una tentativa de homicidio.
IV.
RECURSO DE APELACIÓN:
7. Fiscalía.
Expresó que de acuerdo con la jurisprudencia los preacuerdos constituyen actos
de parte privativos de la FGN ,
de modo que el juez desborda su ámbito funcional porque la adecuación típica
que haga la autoridad requirente es propia de su fuero. Solicitó revocar la
providencia de primer grado y en su defecto disponer la aprobación del
preacuerdo.
8.
Defensa. Manifestó su inconformidad
con la decisión de instancia y consideró que en efecto los hechos se adecuan al
tipo penal de lesiones personales con deformidad de carácter permanente. Agregó
que las cuentas punitivas realizadas por el juez parten de confundir la
justicia premial con la consensuada. Dijo que en el presente asunto,
adicionalmente, la víctima había sido indemnizada satisfactoriamente. Coadyuvó
la petición de la FGN.
9. No recurrentes. El
apoderado de víctimas señaló que el preacuerdo suscrito no vulnera de manera
alguna derechos y garantías de los sujetos procesales y por el contrario aduce
que su representada fue reparada con un pago inicial y otros mensuales que han
sido realizados de manera cumplida por parte de la familia del procesado.
V.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL:
10.- Competencia: De conformidad con lo
preceptuado en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 906/04, esta Corporación
es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía y la defensa del procesado Luis Ernesto Beltrán Salcedo, contra la decisión de primera instancia que improbó el preacuerdo.
11.-
Problema jurídico planteado: La Sala deberá
establecer si el juez desbordó el ámbito de la legalidad al improbar el
preacuerdo suscrito por la partes, o si, por el contrario, la improbación de un
preacuerdo ilegal hace parte de las funciones que debe cumplir la judicatura.
12.- Sobre los
preacuerdos: El
mecanismo premial de los preacuerdos tiene por objeto fijar “los términos de la
imputación” (Ley 906 de 2004, artículo 350), lo cual implica la admisibilidad
por parte del imputado en forma libre, consciente, espontánea y voluntaria, de hechos
delictivos que cuentan con un mínimo de respaldo probatorio, por lo que se debe
determinar sin duda alguna la imputación fáctica y jurídica por la que se ha de
proferir condena.
13. En punto
de lo que debe ser materia de esos preacuerdos o negociaciones, el precepto
citado estableció la necesidad de hacer precisión respecto de dos asuntos: uno, los hechos
imputados y; dos, sus consecuencias. La primera comprende la eliminación de la
acusación de alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico, y,
la segunda, la tipificación de la conducta con miras a disminuir la pena.
14.
Posteriormente la Corte
Suprema de Justicia tuvo oportunidad de precisar en forma
clara lo que puede ser objeto del preacuerdo y sobre el particular expresó:
En
consecuencia, deben ser objeto de convenio, habida consideración de los
elementos de prueba y evidencias recaudadas, entre otros aspectos, el grado de
participación, la lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, una
específica modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, su forma de
culpabilidad y las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, la
sanción a imponer, los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a
que se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32 del C.P, los
errores a que se refieren los numerales 10 y 12 de la citada disposición, las
circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 56), la
ira o intenso dolor (artículo 57), la
comunicabilidad de circunstancias (artículo 62), la eliminación de casuales
genéricas o específicas de agravación y conductas postdelictuales con
incidencia en los extremos punitivos, pues todas estas situaciones conllevan
circunstancias de modo, tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales
se atribuye jurídicamente responsabilidad penal y por ende fijan para el
procesado la imputación fáctica y jurídica[1].
15.- La Sala
acepta, porque resulta correcto dentro del marco jurídico actual, que la FGN como titular de la acción
penal tiene la facultad de celebrar preacuerdos con el procesado y su defensor,
derivándose de tales negocios una obligación
de respeto hacia los mismos por parte de los jueces, lo que significa que deben
dar su aprobación. Sin embargo, si dichos acuerdos son ilegales, porque
conceden más beneficios que los autorizados por la ley, se omite imputar
agravantes u otros delitos, se desconocen las prohibiciones legales para
otorgar rebajas de pena (como en los casos de flagrancia), o, en fin, se
incumple la obligación de establecer una línea clara de congruencia entre lo
fáctico y lo jurídico, a la judicatura no le queda camino diferente al de
rechazar por ilegales tales preacuerdos.
16.- Conviene
destacar que los preacuerdos no se pueden hacer contra o por fuera de la
legalidad vigente. Por ello es que en el artículo 322 de la Ley 906 de 2004, se le impone
a la FGN la
obligación de perseguir a los autores y partícipes en los hechos que revistan
la característica de una conducta punible que llegue a su conocimiento, siendo
el principio de oportunidad la única excepción existente en el ordenamiento
jurídico para tal imperativo.
17.- La función y
las obligaciones de los jueces: Todo sistema procesal penal moderno
-cualquier sistema procesal contemporáneo-, en todo caso se fundamenta en la
necesidad de brindar respuestas satisfactorias a la sociedad en la persecución
del crimen, lo que acontece dentro de un marco de derechos y garantías.
18.- Ello explica el por qué a los jueces los faculta
el ordenamiento jurídico para hacer prevalecer el derecho sustancial (material)
sobre lo formal[2], y que sea su
obligación estar vigilantes de la actuación procesal para oportunamente
corregir los actos irregulares (Ley 906 de 2004, artículo 10)[3],
más si, en últimas, la pretensión del preacuerdo se dirige a patrocinar
parcialmente la impunidad, resultado que se busca obtener con claro cercenamiento
de la legalidad[4],
de modo que en el caso concreto no se realiza el fin último de todo
procedimiento: hacer justicia.
19.- Es que no se puede olvidar, ni desconocer,
que los servidores públicos, entre quienes se incluyen los delegados fiscales,
tienen la obligación de hacer respetar
la legalidad, y que, si por alguna circunstancia ello no ocurre, a los jueces compete
restablecer la vigencia de la Constitución
20.- En tal línea de pensamiento se inscribe lo
dicho por la jurisprudencia[5], que con tino enseña
que resulta
desacertado afirmar que el juez de conocimiento no
puede decretar la nulidad del acto de allanamiento, pues, tal como lo ha
sostenido la jurisprudencia[6],
cuando por decisión voluntaria del imputado se pone término a la investigación
de manera anticipada, la actuación de la autoridad judicial se contrae a dictar
sentencia de conformidad con lo convenido por las partes, a menos que advierta
nulidad del acto, o que sea manifiesta la vulneración de garantías fundamentales.
21.- Este razonamiento se entiende a partir de
considerar que
El juez… no es un
simple convidado de piedra que pueda limitar
su actuar a individualizar pena. El debido proceso, la prevalencia del derecho
sustancial, como postulados superiores, exigen
su plena observancia[7]
(negrillas agregadas).
22.- La argumentación anterior ha sido reiterada
sin objeciones, por ejemplo, cuando se indicó que en el momento en que el juez
realiza el control a un preacuerdo debe verificar si existen “mínimos
estándares probatorios para entender al imputado o acusado autor o partícipe de
la conducta, se advierte patente alguna causal de ausencia de culpabilidad o
circunstancia atemperante de valía, o ésta no se materializó o corresponde a
una definición típica ajena a la aceptada, necesariamente debe improbar el
acuerdo (no abstenerse de examinarlo, como ocurre con la retractación o la
demostración de la existencia de vicios del consentimiento)”, luego de lo cual
se concluyó: “No sobra recalcar que ese examen de fondo y sus consecuencias
debe plasmarse en la decisión con la suficiente argumentación fáctica y
jurídica que permita el contradictorio”[8].
23.- En otra oportunidad -sin votos disidentes-,
la misma Corte Suprema insistió “en que el avance hacia una justicia más ágil y
eficaz, no (puede comportar) el sacrificio de derechos y garantías
fundamentales, pues el eficientismo no puede conllevar a una mayor injusticia
social. En este contexto, todo acuerdo entre la Fiscalía y el imputado o
acusado, debe ser sometido a un tamiz crítico que impone la constatación de que
tales acuerdos no desconozcan los fines constitucionales del proceso como
garantía de una tutela judicial efectiva de los derechos y la prevalencia de la
justicia material (art. 351 inciso 4 Ley 906)”[9].
24.- En fin, y como muestra de las dificultades hermenéuticas
que se presentan en la materia que aquí se debate, en otra decisión del
Tribunal de Casación se destaca la titularidad de la acción penal en cabeza de la FGN , pero al mismo tiempo, se
deja en claro la obligación que recae en los del juez ante la fractura del
principio de legalidad:
En esas condiciones,
la adecuación típica que la Fiscalía
…
La tipificación de la
conducta es una atribución de la Fiscalía
…
Es claro, entonces,
que el juez no tiene competencia para cuestionar la imputación efectuada por el
fiscal, como que ese acto es propio del titular de la acción penal. Por tanto,
allegado el escrito de acusación o el acta de allanamiento que, aceptada,
equivale al mismo, el juez de conocimiento tiene limitada su participación,
como que, tratándose de un acto voluntario y libre de aceptación de la
imputación, debe aceptarlo y convocar a la audiencia para individualizar la
pena, según se lo impone el inciso final del artículo 293 procesal (auto del 6
de mayo de 2009, radicado 31.538).
…
No obstante, respecto
de la admisión de cargos, se ha advertido que el juez debe controlar no solo la legalidad del acto de aceptación,
sino igual la de los delitos y de las penas, en el entendido de que esta
estructura un derecho fundamental, enmarcado dentro del concepto genérico del
debido proceso a que se refiere el artículo 29 constitucional. Por tanto, de
resultar manifiesto que la adecuación típica fractura el principio de
legalidad, el juez se encuentra habilitado para intervenir, pues en tal
supuesto la admisión de responsabilidad se torna en simplemente formal, frente
a esa trasgresión de derechos y garantías superiores (sentencias del 15
de julio de 2008 y 8 de julio de 2009, radicados 28.872 y 31.280, en su orden)
(Subrayas y negrillas agregadas).
25.- De lo reseñado se concluye que la FGN
Es claro,
entonces, que cuando el numeral acusado refiere a que el fiscal podrá adelantar conversaciones para llegar
a un acuerdo -preacuerdos desde la audiencia de formulación de
imputación- en el que el imputado se declarará culpable del delito imputado, o
de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal “Tipifique la
conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras
a disminuir la pena”, no
se refiere a la facultad del fiscal de crear nuevos tipos penales, pues
tratándose de una norma relativa a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre
la Fiscalía
En efecto, en
relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal
y el imputado, aquel no tiene plena libertad para
hacer la adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las
circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. Por lo
que, aún mediando una negociación entre el fiscal y el
imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la adecuación típica de
la conducta según los hechos que correspondan a la descripción que previamente
ha realizado el legislador en el Código penal.
En conclusión, la Corte la
Ley
26.- La
Corte Suprema la Fiscalía. Muestra
(i). Caso del tocamientos de nalgas. En un asunto en el
que la Fiscalía General la Nación la Corte
Suprema
Desde
el punto de vista objetivo, entonces, la Sala
(ii). Caso del tendero libidinoso. Con fundamento en la
petición de la FGN la Corte Suprema
lo evidente es que la fiscalía erró en la
imputación jurídica del comportamiento que se adecua al delito de injuria
por vías de hecho que lesiona la
integridad moral y no el fuero íntimo de la víctima (formación, libertad,
integridad sexuales),
motivo
por el cual se casó la sentencia de condena y se anuló la actuación a partir de
la audiencia de imputación. Se expresó
que
el desafuero en la formulación jurídica de la imputación
compromete garantías defensivas porque existen estrategias desde aquel estadio
procesal que -de explorarlas- pueden incidir de forma directa en la
determinación de la condena.
5.5. La declaratoria de nulidad también compromete
en este caso las consecuencias civiles que generó la sentencia objeto del
recurso extraordinario, por manera que la ineficacia comprende el trámite del
incidente de reparación (fls. 180 – 187 / 1)
Por
lo anterior, y como se dijo, la Sala
27.- Como se acaba de dejar expresado, la propia
jurisprudencia ha desarrollado una hermenéutica de acuerdo con la cual el juez
puede intervenir en la imputación y/o en la acusación, de donde se desprende
que el juez también se debe oponer a los acuerdos ilegales, que como en el
presente asunto, se dirige a patrocinar un fraude a la ley.
28.- La improbación
del preacuerdo desde la perspectiva de la acción de tutela: El
Tribunal considera que el ejercicio del control material sobre los preacuerdos
impide que el juez se convierta en un notario de la ilegalidad o del fraude
procesal patrocinado por las partes.
29.-
Si ello fuera así, la FGN
(i). Un adulto ejecutor de delito de acceso
carnal violento contra menor, es cómplice[13] y los jueces,
volviendo la mirada hacia las nubes, den vía libre a tan cuestionable forma de
administrar justicia.
(ii).
Que en
contravía de la regla que impone el otorgamiento de un solo beneficio a los
procesados, la FGN
(iii).
Que en
los casos de flagrancia, en los que la rebaja de pena por allanamientos a los
cargos o preacuerdos de culpabilidad está reducida por mandato legal[15],
se haga fraude a la ley y mediante vías evidentemente contrarias al expreso
mandato legal se presenten preacuerdos en los que la rebaja de la pena sea
mayor a la que se obtenga en los allanamientos.
(iv). Que se acepte un preacuerdo en el que
absurdamente se disponga que ocurrió un homicidio culposo en grado de tentativa
y con exceso en la legítima defensa, como en efecto fue propuesto por la FGN y la defensa ante un
juzgado de Bogotá.
(v). Que se acepte un preacuerdo en el que no se
reintegra el 50% de lo apropiado ni se garantiza la devolución del porcentaje
faltante.
30.- Con
todo, no se desconoce que las diferentes Salas de Decisión de Tutelas de la
Sala
31.-
Es bien sabido que la Sala
2. Postura dominante de la
Sala la Corte Suprema
Ahora
bien, para dilucidar el tema propuesto en la solicitud de amparo, oportuno resulta
traer a colación la línea jurisprudencial que ha marcado la tendencia de la
Sala
En el
radicado 39.892 del 6 de febrero de los corrientes se precisó:
“1. La
jurisprudencia ha trazado una línea de pensamiento, conforme con la cual la
acusación (que incluye los allanamientos y preacuerdos que se asimilan a ella)
estructura un acto de parte que compete, de manera exclusiva y excluyente, a la
Fiscalía
Lo anterior, porque la sanción para una acusación mal
planteada y sustentada, como sucede con cualquier acto de parte, está dada
porque al finalizar el juicio la misma no habrá de prosperar.
En esas condiciones,
la adecuación típica que la Fiscalía
2. Lo anterior igual se aplica en temas como la admisión
de cargos y los preacuerdos logrados entre la
Fiscalía
“Por lo tanto, so pretexto de no compartir la adecuación
de los hechos con el nomen
iuris que provisionalmente presenta la
Fiscalía
La acusación es un acto de parte, de la
Fiscalía la Fiscalía General la
Nación la Fiscalía
Razonar de otra manera sería permitir o autorizar la
discusión propia del juicio, en momentos procesales inoportunos, supondría
patrocinar la anticipación de la discusión de la tipicidad, lo cual nos
colocaría en la senda de la disputa del ejercicio de la acción penal por parte
del juez a la Fiscalía la Fiscalía
Permitir que el juez intervenga en la definición del nomen iuris de la acusación, sería autorizar que el juez
no solo interfiera en el ejercicio de la acción penal que como sujeto soberano
ostenta la Fiscalía General la Nación la
Fiscalía la
Fiscalía
Es así que cuando el Congreso en función constituyente
analizando las características del sistema que era necesario diseñar para
nuestro país, reflexionó en el siguiente sentido[17]:
“La forma acusatoria del procedimiento exige de la ley
una división tajante de las tareas que al Estado le corresponden en el
procedimiento judicial, por vía de la adopción de un sistema de persecución
penal pública: Al Ministerio Público -Fiscalía- debe serle encomendada toda la
tarea relativa a la persecución penal estatal (función requirente) y a los
jueces les corresponde la decisión de los casos llevados ante ellos por el
acusador (función jurisdiccional). La responsabilidad de ambos organismos
también varía: el primero no responderá por el control de los jueces según el
origen de su nacimiento, sino antes bien, por la eficiencia y efectividad de la
aplicación de la ley penal (persecución penal); los jueces, en cambio, no
serán responsables, como hasta ahora, como inquisidores, comprometidos a
hallar la verdad para aplicar la ley, sino, tan solamente, por su función de custodiar el respecto debido a los
derechos y garantías individuales y por la aplicación de la ley al caso
sometido a su decisión. En esta diferenciación tajante entre acusador y
juez, que provoca, en los delitos de persecución pública, una diferenciación
formal, pero nítida entre las dos tareas que, en el procedimiento penal, le
corresponden al Estado, requerir y decidir, confiándolas a órganos diferentes,
consiste buena parte de aquello que se concibe como PRINCIPIO ACUSATORIO en el
derecho procesal penal y como IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES en el Derecho de la
organización judicial” (auto del 15 de julio de 2008, radicado 29.994) (Las negrillas las
agrega el Tribunal).
Es claro, entonces,
que el juez no tiene competencia para cuestionar la imputación efectuada por el
fiscal, como que ese acto es propio del titular de la acción penal. Por tanto,
allegado el escrito de acusación o el acta de allanamiento que, aceptada,
equivale al mismo, el juez de conocimiento tiene limitada su participación,
como que, tratándose de un acto voluntario y libre de aceptación de la
imputación, debe aceptarlo y convocar a la audiencia para individualizar la
pena, según se lo impone el inciso final del artículo 293 procesal (auto del 6 de mayo de 2009, radicado 31.538) […]. (Se
destaca).
[… ] Se impone precisar que la intervención de que trata
el artículo 339 de la Ley la
Fiscalía
Así, presentada la acusación, al juez de conocimiento
solamente se le permite realizar sobre ella un examen formal, sin que le sea
permitido verificar aspectos de fondo (auto del 27 de junio de 2012, radicado
39.296), que de necesidad incluyen el proceso de adecuación típica”.
Luego, en
decisión 37.951 del 19 de junio de 2013, la misma judicatura señaló:
“De suerte que, una vez definida la formulación de los
hechos jurídicamente relevantes por parte de la
Fiscalía
Posteriormente,
en pronunciamiento del 14 de agosto de 2013 radicado 41.375, esta Corporación
se refirió al papel que debe cumplir el juez frente a la acusación presentada
por el fiscal del caso:
“A los jueces de
conocimiento, tender por el ejercicio imparcial de su función, abstenerse de
complementar la labor de las partes y fijar las consecuencias sustanciales
respectivas solo en el momento de adoptar la decisión que ponga fin a la
actuación, ya que este es el momento procesal, -no antes- en el que ha de estar
sometida a control la acusación de la Fiscalía
La
anterior reseña jurisprudencial fue recientemente ratificada en sede de tutela
en los fallos 69.478 del 24 de septiembre y 70.392 del 13 de noviembre, ambos
del 2013, concediendo la protección del derecho fundamental al debido proceso,
al constatarse la injerencia indebida del juez en las funciones propias del
fiscal.
3. Análisis del caso concreto
Confrontando
la postura de la Sala la Sala Penal
“23. Algunas
observaciones dogmáticas para destacar los yerros de la imputación: en este
punto el Tribunal precisa, de un lado, que Hipólito
Moreno Gutiérrez debe ser tenido como sujeto activo calificado de los
delitos imputados; y, de otra, la Fiscalía
“54. De esta
manera la Sala la Fiscalía
55. Así las cosas, como la adecuación típica de la conducta
imputada vulnera flagrantemente los principios de legalidad y de estricta
tipicidad, resulta necesario decretar la nulidad a partir de la audiencia de
aprobación del allanamiento, para que se proceda conforme al ordenamiento
jurídico vigente”[19].
“57. Por
razones de celeridad, eficacia y economía, el Tribunal considera que en la
situación del procesado, se podría proceder de la siguiente manera:
(i). El juez de conocimiento convocará a la audiencia de
verificación – aprobación del allanamiento y advertirá a las partes la
imposibilidad de aprobarlo en los términos de la imputación, de modo que el
Fiscal debería proceder a hacer las precisiones señaladas en la presente
decisión.
(ii). El imputado podrá aceptar la imputación con las
precisiones y aclaraciones que haga la FGN
(iii). Si el
procesado decide no allanarse a los cargos, la FGN
(iv). En el evento en que la
FGN la Constitución
“62. Se
infiere de todo lo expresado por la FGN
“64. El Tribunal no conoce los términos de las
negociaciones o beneficios que la FGN la
FGN
Bajo este
panorama, fácilmente se concluye que el tribunal incurrió en un defecto
procedimental que se erige en una violación al debido proceso por dar un cauce que no corresponde al asunto
sometido a su competencia[23] al:
(i).
Apartarse de uno los presupuestos esenciales del sistema acusatorio[24]
al anular la actuación de la fiscalía para en su lugar indicarle como debe realizar la imputación.
(ii).
Desconocer el carácter vinculante del precedente jurisprudencial dominante de la Corte Suprema la Constitución
Frente a
este tópico, se aprovecha la oportunidad para resaltar lo que ha dicho la Corte Constitucional
“… Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía que les
reconoce la Carta Política
(iii).
Fijar los parámetros bajo los cuales la fiscalía debe imputar al accionante
otro delito y una agravante modificando, además, la calidad de participación
del procesado.
(iv).
Establecer un procedimiento no previsto en la ley para que la fiscalía realice
la imputación conforme a su criterio, y.
(v) Omitir
pronunciarse frente a los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio
Público y la defensa contra el fallo condenatorio proferido contra el
accionante.
Así las
cosas, es evidente cómo el juez colegiado asumió el rol de co-acusador al mutar la imputación de la fiscalía agravando la
situación jurídica del accionante, lo cual desconoce por completo el principio
de imparcialidad que caracteriza el sistema acusatorio.
De modo
que, son estas las razones por las cuales la Sala la Sala Penal
Bajo este
entendido, se ordenará al tribunal que en el término de 15 días hábiles
siguientes a la notificación de la presente decisión, profiera la sentencia que
en derecho corresponda, limitando su estudio a los temas propuestos de las
apelaciones interpuestas por el Ministerio Público y la defensa frente al fallo
condenatorio proferido contra el actor el 26 de agosto de 2013, por el Juzgado
7° Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad.
32.-
La misma postura fue asumida por la Sala
Los
preacuerdos para aceptar total o parcialmente responsabilidad penal respecto de
los cargos que dieron origen a una investigación penal constituyen actos
irretractables y obligan a las partes, intervinientes y al juez de
conocimiento, siempre que la fiscalía y el acusado no quebranten las exigencias
legales o garantías fundamentales. En estos términos el legislador se refirió en el artículo 351- 4 del
C de P.P., postulado que desarrolla la recta administración
de justicia, la humanización del sistema penal, la solución de los conflictos
sociales que trae consigo el delito con la intervención de sus protagonistas y
los objetivos de política criminal relacionados con aprestigiar los fines de la
decisión judicial y evitar su cuestionamiento, propósitos que deben cumplirse
al amparo de los principios de objetividad, debido proceso, justicia material,
derecho de defensa, entre otros.
Cuando se desconoce la estricta tipicidad en los preacuerdos o
allanamientos también se mengua la eficacia o tutela del ejercicio de la justicia a que alude el
artículo 10° de la Ley la Corte Constitucional
El límite
sobre el cual ha de realizarse la transacción que para el preacuerdo permite el
artículo 350 del C de P.P., no es otro que el de la tipicidad estricta, esto
es, la calificación jurídica que le corresponde a la conducta óntica. Si la
tipicidad adolece de algún error, el fiscal unilateralmente puede ajustarla,
pero siempre conforme a derecho, pues no puede considerarse como parte de la
justicia premial la tipificación arbitraria de la conducta, de darse este
último supuesto el operador de justicia debe ejercer control material en el
ámbito legal con trascendencia en el orden constitucional (C. S. de J.,
sentencia de 1º de junio de 2006, M .P. SIGIFREDO ESPINOSA
PÉREZ, Rdo. 24.764).
Las
facultades de la Fiscalía la
Corte
La única
situación en la que no puede el juez desconocer la voluntad de las partes es la
relacionada con la pena, otros supuestos jurídicos diferentes imponen el
control material para no tolerar el desconocimiento de derechos y garantías
constitucionales (artículos 31 de la C.P.
Así las cosas, la Corte Constitucional la
Fiscalía la
Fiscalía
El fiscal
no tiene libertad absoluta para tipificar la conducta punible, lo que debe
hacer conforme a la estricta tipicidad. Si el grado de participación (autoría,
coautoría, complicidad, determinador o interviniente) es un elemento del tipo
penal, no puede sostenerse como lo entiende la accionante en esta tutela que el
preacuerdo versó sobre la punibilidad exclusivamente, pues errándose como
ocurrió sobre el primero de los supuestos señalados, el yerro cae en el ámbito
de la adecuación típica. Aprobar el preacuerdo en estas condiciones propicia
una doble rebaja de la sanción, una por la equivocada adecuación típica y otra
propia de la justicia premial por la terminación anticipada del proceso.
En la sentencia C-1260
de 2005 la Corte Constitucional la Fiscalía
…en esta negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo
penal correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del
proceso. La facultad otorgada al fiscal de tipificar la conducta con miras a
disminuir la pena es una simple labor de adecuación y no de construcción del
tipo penal por el mismo. Las normas positivas deben consagrar previamente las
conductas punibles y concretar igualmente las sanciones que serán objeto de
aplicación por el fiscal. Por ende, se cumple a cabalidad con el principio de
legalidad penal cuando se interpreta en correspondencia con el de tipicidad
plena o taxatividad en la medida que la labor, en este caso del fiscal, se
limita a verificar si una determinada conducta se enmarca en la descripción
típica legal previamente establecida por el legislador o en una relacionada de
pena menor. En conclusión, la Corte la
Ley
La
constitucionalidad de las facultades del Fiscal en los preacuerdos en la
sentencia C -1260 de 2005 fue condicionada, que a los
hechos “no les puede dar sino
la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente”,
lo que opera por lógica jurídica en todas las fases del proceso desde que la
finalización de la actuación obedezca a un acuerdo o preacuerdo, regla que
desatendió en este caso la Fiscalía
Las
reflexiones hechas se condensan en los postulados que registró la
Sala la Corte Suprema
1. La jurisprudencia
ha trazado una línea de pensamiento, conforme con la cual la acusación (que
incluye los allanamientos y preacuerdos que se asimilan a ella) estructura un
acto de parte que compete, de manera exclusiva y excluyente, a la
Fiscalía
…
En esas condiciones,
la adecuación típica que la Fiscalía
2. Lo anterior igual
se aplica en temas como la admisión de cargos y los preacuerdos logrados entre la
Fiscalía
…
No obstante, respecto de la admisión de cargos, se ha
advertido que el juez debe controlar no solo la legalidad del acto de
aceptación, sino igual la de los delitos y de las penas, en el entendido de que
esta estructura un derecho fundamental, enmarcado dentro del concepto genérico
del debido proceso a que se refiere el artículo 29 constitucional. Por tanto,
de resultar manifiesto que la adecuación típica fractura el principio de
legalidad, el juez se encuentra habilitado para intervenir, pues en tal
supuesto la admisión de responsabilidad se torna en simplemente formal, frente
a esa trasgresión de derechos y garantías superiores (sentencias del 15
de julio de 2008 y 8 de julio de 2009, radicados 28872 y 31280, en su orden)
(Las negrillas las agrega el Tribunal).
3. La ley y la
jurisprudencia han decantado igualmente que, a modo de única excepción, al
juez, bien oficiosamente, bien a solicitud de parte, le es permitido adentrarse
en el estudio de aspectos sustanciales, materiales, de la acusación, que
incluyen la tipificación del comportamiento, cuando se trate de violación a
derechos fundamentales.
Es claro que esa
permisión excepcional parte del deber judicial de ejercer un control
constitucional que ampare las garantías fundamentales.
No se
trata de amparar la disparidad de criterios o la opinión distinta del juez a la
de las partes o intervinientes, en el asunto sub judice la narración fáctica pone en evidencia en forma
manifiesta que el proceso de adecuación desconoce la estricta tipicidad por el
grado de participación que correspondía a la procesada, con la trascendencia
que ello tiene en las garantías constitucionales aludidas en otro acápite de
este salvamento de voto.
33.-
Por último, la Sala
1. De la
información que reposa en la presente actuación de pudo establecer que el 26 de
septiembre de 2012, al revisar la Policía
Nacional
2. Por los
anteriores hechos, el 27 de septiembre de 2012 ante el Juzgado Primero Penal
Municipal con funciones de control de garantías, el Delegado de la
Fiscalía Generalla
Nación
3. Si
bien, el 10 de diciembre de 2012, el ente investigador radicó el respectivo
escrito de acusación, también lo es que el 15 de marzo de 2013 allegó a la
actuación el acta de preacuerdo en la que GUILLERMO ALFONSO SÁNCHEZ GUEVARA:
“…previo asesoramiento con el defensor de
confianza, manifiesta en forma libre, voluntaria y espontánea y sin apremio,
que acepta los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
imputados por la Fiscalía
4. El
asunto fue asignado al Juzgado Catorce Penal del Circuito con funciones de
conocimiento de Bogotá, que en audiencia adelantada el 23 de septiembre de 2013
resolvió improbar el preacuerdo celebrado entre el acusado y la
Fiscalía Generalla
Nación
5.
Inconforme con el pronunciamiento referenciado, la defensa técnica interpuso el
recurso de apelación y solicitó su revocatoria, alegando que el preacuerdo
respetaba las finalidades de la Ley la
Fiscalía
6. Una
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, previo el estudio del
acervo probatorio, la normatividad y la jurisprudencia nacional que consideró
aplicable al caso, resolvió confirmar la decisión impugnada.
…
3.
Encuentra la Sala la
Sala la Constitución
Políticala Ley
El hecho
que la Sala la
Fiscalía Generalla
Nación
5. En este
punto precisa la Sala
6. De otra
parte, de conformidad con el inciso 4 del artículo 86 de la Constitución Política
Solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el
mismo sentido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 “Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
La acción de tutela no procederá (…) Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.
En virtud
de las disposiciones indicadas, esta Corporación ha sostenido que la acción de
tutela se funda en el principio de subsidiariedad, es decir, por regla general,
la solicitud de amparo sólo procede cuando el accionante haya agotado
oportunamente todos y cada uno de los recursos o medios de defensa judiciales
previstos por el legislador para obtener la protección de los derechos
presuntamente vulnerados.
7. Lo
anterior le sirve a la Sala
Criterio
sostenido igualmente por la Corte
Constitucional
La acción de tutela
no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de
defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y
acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo
hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que el juez
constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría
en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la
guarda e integridad de la Constitución la Constitución
8.
Efectivamente, los elementos probatorios que hacen parte de este trámite
constitucional permiten advertir que el proceso penal que cursa contra
GUILLERMO ALFONSO SÁNCHEZ GUEVARA por la conducta punible tantas veces
referenciada se encuentra pendiente que se lleve a cabo la audiencia de
sustentación del escrito de acusación y se dicte la decisión conclusiva de
rigor, contra la cual procede el recurso ordinario de apelación.
9. Así
pues, emerge claro que la parte que presuntamente se ve afectada en sus
garantías fundamentales al debido proceso y libertad personal, dentro de las
oportunidades procesales previstas en el ordenamiento jurídico de rigor, puede
emplear los instrumentos de protección idóneos para esgrimir las presuntas
falencias puestas de presente en la demanda de tutela al interior del escenario
natural.
De tal
forma el mecanismo de tutela resulta ser manifiestamente improcedente, como
quiera que lejos está de ser concebido como un procedimiento alternativo de los
medios judiciales mencionados -interposición y sustentación de los recursos ordinarios-.
10.
Además, no se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la
doctrina constitucional para la configuración de un perjuicio irremediable como
son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acción,
máxime cuando, el demandante aún cuentan con la posibilidad de recurrir en
apelación la sentencia de primera instancia, o con los argumentos que quieren
hacer valer en esta sede, interponer el recurso extraordinario de casación,
dado el carácter de control constitucional que tiene el mismo.
11. En
este punto precisa la Sala
12. De
plano se descarta la presunta vulneración del derecho fundamental a la
igualdad, porque GUILLERMO ALFONSO SÁNCHEZ GUEVARA no acreditó que a otra persona en condiciones similares a
la suya, las autoridades accionadas hayan impartido aprobación a un preacuerdo
en el que, a pesar de haberse presentado el respectivo escrito de acusación
como autor de un delito, posteriormente se haya degradado su participación a
cómplice, máxime cuando la garantía constitucional prevista en el artículo 13
de la Carta Política
34.- Frente a las anteriores posturas,
contradictorias y sin punto de conciliación, oportuno resulta destacar que en
la jurisprudencia sí ha existido unanimidad a la hora de señalar que siempre que
la interpretación de un texto legal permanezca dentro de los límites de lo
objetivo y lo razonable, la mera divergencia interpretativa con el criterio del
fallador no constituye una irregularidad que haga procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales.
35.- Así, a manera de ejemplo, en la sentencia
T-123/95, se expresó que no se estaba frente a una vía de hecho cuando un juez
modificaba su criterio de interpretación frente a una norma o cuando no se
acogía la hermenéutica sostenida por los organismos judiciales superiores,
siempre que la decisión del juez se ajustara a los lineamientos
constitucionales previamente mencionados.
36.- En otras sentencias se ha insistido en que el
juez de tutela no puede invadir el “ámbito propio de las funciones del juez ordinario, de tal manera que se
haga prevalecer o imponer la interpretación normativa que efectúe el juez de
tutela o la valoración que éste haga respecto de los hechos y de las pruebas.
Por tal razón, este Tribunal ha sostenido que un proceder de estas características
evidenciaría el desconocimiento del principio de la autonomía judicial, de
manera que debe entenderse que las hipótesis de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales -como también se han denominando por la
jurisprudencia constitucional reciente- remiten a la consideración de defectos
objetivamente verificables, de tal manera que sea posible establecer que la
decisión judicial, que debiera corresponder a la expresión del derecho
aplicable al caso concreto, ha sido sustituida por el arbitrio o capricho del
funcionario judicial que ha proferido una decisión que se muestra evidentemente
incompatible con el ordenamiento superior”[29].
37.- De esta manera, el solo hecho de contrariar el criterio interpretativo
de otros operadores jurídicos, e incluso de los distintos sujetos procesales,
no puede considerarse como una de las causales que haga procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, pues sin lugar a dudas, dicha
manifestación jurídica corresponde al ejercicio de la función prevista a cargo
de los jueces de otorgarle sentido a las disposiciones que aplican y de limitar
los efectos que puedan derivarse de ellas, conforme se deduce del contenido normativo
de los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial
previstos en los artículos 228 y 230 de la Constitución[30].
38.- Los preceptos vigentes son los que se
deben aplicar y no las propuestas que han sido presentadas como solución al
entrabamiento que sufre el sistema penal acusatorio: En todos los
ciudadanos -incluyendo los jueces-, se tiene preocupación por la dinámica que
ha adquirido el proceso penal gobernado por la Ley
39.- Por ello se ha venido criticando el populismo
punitivo que llevó, por ejemplo, a la expedición de las leyes denominadas
pomposamente como de “seguridad ciudadana”[31], el nuevo
“estatuto anticorrupción”[32], o la reforma penitenciaria,
que poco tienen de lo uno y de lo otro, según los comentaristas, y, en cambio
sí, un claro contenido fetichista hacia la norma, creyendo que con nuevos
delitos se solucionan los problemas estructurales -de desigualdad y pobreza,
entre otros- que padece la sociedad colombiana.
40.- También se ha discutido por los expertos,
entre quienes sobresalen los propios Magistrados de la Corte Suprema
41.- Así, por ejemplo, en el “I Encuentro de
Análisis del Sistema Penal Oral Acusatorio”, celebrado en Cartagena durante los
días 3 y 4 de diciembre de 2012, celebrado bajo el auspicio de la
Sala
3.2
Temas normativos y jurisprudenciales
Han de superarse los
retrocesos derivados de las reformas restrictivas de beneficios por
allanamiento y preacuerdos, así como también lo atinente a los descuentos
punitivos en eventos de captura en flagrancia. Se propone una reingeniería de
los mecanismos de justicia premial y consensuada.
Falta reglamentar en la
Ley
Existe la necesidad de
expedir reglas de evidencia.
Debe retornarse a la
sustentación oral (ante el ad quem) de los recursos de apelación.
También, suprimir dicho trámite en sede de casación, ampliando el término para
la presentación de la demanda.
La implementación de un
sistema de pequeñas causas, debidamente articulado con el sistema penal
acusatorio, se aprecia como un mecanismo adecuado de tratar la congestión.
Refulge pertinente plantear
el debate sobre la posibilidad de suprimir la audiencia de formulación de
imputación, el incidente de reparación integral y algunas audiencias
preliminares de control de legalidad sobre actos investigativos. Así mismo,
revisar la proliferación de recursos.
En relación
con las causales de preclusión contenidas en los numerales 1° y 3° del art.
332, se propuso reformar la norma a fin de facultar a la defensa para su
alegación.
Se
reiteró el llamado a la Corte Suprema
A la hora
de revisar las reformas legislativas tantas veces cuestionadas en el evento,
debe tenerse en cuenta que es más aconsejable focalizar la rigurosidad en la
fase de ejecución de la pena; no en las etapas de investigación y juzgamiento,
para que tengan mayor efecto los mecanismos de justicia premial.
Surgió un
llamado a la armonización del art. 269 del C.P. con el incidente de reparación
integral, en los términos regulados por la Ley
En razón de
la trascendencia de sus decisiones y por su papel como protector de derechos
fundamentales, debería elevarse la categoría de los jueces de control de
garantías.
Una
alternativa favorable a la terminación alternativa del conflicto penal podría
ser la admisión de la cesación de procedimiento por reparación integral en
delitos contra el patrimonio económico y de inasistencia alimentaria, como
funcionaba en la Ley
A la hora
de revisar una propuesta de reforma legislativa, ha de tenerse en cuenta la
excesiva reglamentación del principio de oportunidad, lo atinente a la
incorporación de evidencia documental copiosa y los mecanismos para reconocer a
los representantes de las víctimas, en eventos de multiplicidad.
42.- Y más recientemente, en un foro celebrado en
diciembre de 2013 en la ciudad de Paipa, en el que intervinieron los jueces del
Tribunal Supremo, el Fiscal General y algunos de sus delegados así como
miembros de la academia, se dijo, según fue reportado por los medios de
comunicación[34]:
“Nosotros creemos
que hay que hacer cambios en el sistema,
pero sin equivocaciones. El sistema tiene muchísimos problemas, pero podemos
ponerlo andar como lo requiere el país”, dijo el presidente de la sala penal de
la corte suprema de justicia Leónidas Bustos al cuestionarlo por las
dificultades en el sistema penal oral acusatorio.
…
El objetivo
puntal de la reunión era conocer las propuestas de una comisión integrada por
fiscales y magistrados de la Corte
Entre las propuestas concluyeron como alternativa para lograr que los procesados se sometan a acuerdos, eliminar todas las leyes posteriores a la ley 906 de 2004, el actual sistema penal colombiano. En este sentido leyes como la ley contra el terrorismo, de infancia y adolescencia y de seguridad ciudadana se quedarían sin efecto de aprobarse la reforma al sistema penal acusatorio.
Esto para los expertos entregaría importantes beneficios a los investigados para que puedan eludir los agravantes que actualmente establece la ley colombiana; tales como utilizar o afectar menores de edad con sus crímenes y la dimensión del daño causado a una comunidad.
…
Los magistrados y
fiscales expusieron las dificultades en la entrega de beneficios a través del
principio de oportunidad, preacuerdos y negociaciones, que en casos como el
“carrusel de los contratos” o dan buenos resultados (Emilio Tapia – Héctor
Zambrano) o son rechazados y criticados por jueces y magistrados (Hipólito
Moreno).
En el marco del foro el vice fiscal general Jorge Perdomo dijo que es la diferencia de criterios lo que provoca que no se entienda los alcances de los preacuerdos y principios de oportunidad.
“Hemos tenido dificultades, porque cuando
En este sentido la propuesta de la comisión provocó reproches de grupos de juristas y algunos magistrados de tribunales superiores. Propuestas como inmunidad parcial o total que otorgaría la misma Fiscalía a los procesados de acuerdo a la colaboración que entreguen y que lleve a la terminación anticipada de las acciones investigativas para evitar un desgaste a la justicia, además de la posibilidad de eliminar condenas como beneficio por colaboración en delitos culposos, abrieron un debate en el que no hubo acuerdo.
“La modificación específicamente está dirigida a aclarar que será el fiscal quien decida, según el caso, si se pacta inmunidad total o parcial. La comisión considera esto relevante, toda vez que no entender esta cláusula como discrecional, llevaría al malentendido de que la inmunidad en todos los casos sería total” señala el documento de 339 páginas que conoció Caracol Radio y que contiene la propuesta de reforma para el código.
…
“El desorden normativo actual, la confusión de conceptos
jurídicos en los textos legales, la exigencia de requisitos excesivos para la
aplicación de estos mecanismos y los vacíos jurídicos en ciertos puntos
nodales, han impedido la correcta utilización de los principios de oportunidad
y la celebración de preacuerdos y negociaciones entre la
Fiscalía la Fiscalía
Pero la ampolla a punto de reventar se ubicó en el capítulo de los preacuerdos y negociaciones, ahí no hubo consenso y sí fuertes críticas.
En esto se plantea como alternativa que las negociaciones las pacte
“Así mismo, se elimina como requisito de procedibilidad para que se pueda celebrar un preacuerdo se deba reintegrar el 50% del incremento patrimonial y se garantice el otro 50%, so pena de invalidez del preacuerdo” más del documento de la reforma.
Así las cosas para algunos expertos, de aprobarse la reforma los implicados no sólo obtendrían una importante rebaja de pena, sino que no estarían obligados a entregar los bienes que adquirieron y si la conducta es culposa, no pagarían un solo día de cárcel por evitar un desgaste judicial.
Las propuestas de la comisión irán a un borrador para ser incluidas en un proyecto que el próximo año presentarán al Congreso de
43.- La anterior exposición hace evidente que el
sistema procesal acusatorio tiene graves carencias y que el legislador ha contribuido
en el propósito de evitar que funcione en los términos de la planificación
original del Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley la Fiscalía
44.- Pero otra cosa es que, siendo conscientes de
las limitaciones legales, saltando la cerca de las restricciones que impuso el
propio legislador, se pretenda dar beneficios a quienes han cometido delitos y
han sido capturados en situación de flagrancia, llegándose hasta los límites de
la impunidad, así esta sea parcial; o lo que es peor, desconociendo principios
del derecho penal de acto, proporcionalidad, racionalidad y justicia material,
so pretexto de obtener eficiencia en la función de administrar justicia.
45.- Caso concreto: En el caso bajo
estudio encuentra la Sala
46.-
Sobre el particular, en otra Sala de Decisión Penal de esta Corporación, en un caso
sustancialmente similar, se afirmó:
El
cambio que introdujo la fiscalía en sede del preacuerdo se hizo entre dos
delitos (homicidio y lesiones personales) que, en opinión de la
Sala
47.
Y es que aceptar el preacuerdo en los términos en que fue propuesto soslaya el
núcleo fáctico de la imputación, porque no se evidencia que los elementos
materiales de prueba o evidencia física presentados inicialmente hayan cambiado
en lo más mínimo como para adecuar la conducta a un nuevo tipo penal; nótese
que el dictamen médico arrimado denota la existencia de una lesión grave idónea
para producir la muerte, resultado que no ocurrió gracias a que la víctima recibió
atención médico quirúrgica oportuna y calificada[36].
48.
Así las cosas contrario
a lo indicado por la FGN
49. En una decisión anterior, en la que se
discutía un problema similar al que ahora ocupa la atención de la
Sala
50.- En este punto es importante recordar la
jurisprudencia de la Corte Suprema
51.- La Sala destaca que la forma como se ejecutó el
punible permite tener demostrado -para los efectos de la terminación anticipada
del proceso-, que se procedió con conocimiento (saber) y voluntad (querer) y
fue dirigido a una región vital del cuerpo, elementos que por estar presentes
descartan la mera intención de causar unas lesiones, tal y como erradamente
está consignado en el preacuerdo.
52.- Bajo la imputación fáctica relatada por la FGN aunado a los elementos
probatorios hasta ahora allegados, esta Sala puede determinar que en el asunto sub examine se presentó una tentativa de
homicidio, como lo evidencia el ataque perpetrado contra la víctima, lo que
desencadenó las secuelas e incapacidad establecidas.
53.- Ante tales hechos relevantes, resulta
altamente cuestionable que se hubiera imputado por tentativa de homicidio, y
sin que nada cambiara desde la perspectiva fáctica, se procediera a preacordar por el delito lesiones personales
dolosas.
54.- Estas circunstancias claras para la Sala , permiten ver que la verificación
del a quo no sólo es legal sino
propia de las funciones que deben cumplir los funcionarios judiciales frente a
los negocios de la FGN. Y por ello pudo
encontrar, establecer y decretar que aquí se cometió un craso error, motivo por
el cual no debe ser revestido de legalidad alguna.
55.- Recuérdese que el deber del juez no solo esta encaminado a
la simple revisión formal del
preacuerdo, sino que va mas allá en tanto debe preservar por la debida
imputación de las conductas y las garantías fundamentales, incluyendo
obviamente la legalidad comprendida en la
imputación jurídica.
56.- Degradar la evidente
tentativa de homicidio que en este caso se advierte a unas lesiones personales,
constituye una clara trasgresión de los principios de legalidad, verdad y
justicia, que acarrea como sanción procesal la improbación de los acuerdos que
en tales condiciones se celebren (Ley 906 de 2004, artículo 351, inc. 4º).
57.- Las circunstancias
puestas de presente ponen al descubierto la falta de responsabilidad y seriedad
de la delegada fiscal en la dirección de la investigación, porque como se
advierte en la actuación, pese a tener prueba cierta de la materialidad del
delito de homicidio tentado y las graves consecuencias que originó el acto
delictivo, afectando valores supremos de equidad y justicia, adelantó un
acuerdo que contraviene lo presupuestado por la jurisprudencia, al existir
claramente una incongruencia entre la imputación fáctica y la jurídica,
desconociendo de este modo los parámetros político criminales.
58.- Así, cuando en la imputación (ya fáctica, ya
jurídica) se advierten graves errores que la apartan del referente óntico, el
juez, en ejercicio del control constitucional del proceso penal, deberá expresar
su improbación en procura de acertar en la calificación jurídica que la conducta reclama, en la medida que las decisiones
judiciales deben adoptarse dentro del marco de la legalidad, de los derechos
fundamentales y de las garantías procesales[40].
59.-
A los anteriores argumentos se suma lo dicho por la Juez de instancia, cuando
destacó que también se desconoce
el porcentaje de rebaja de pena previsto en el parágrafo del artículo 57 de la
ley 1453 de 2011, que dice que las personas capturadas en flagrancia, como el
procesado en este caso, “sólo tendrá ¼
del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004” .
60.- La anterior afirmación se concreta al
revisar el escrito de preacuerdo presentado el 30 julio de 2013 en el que se
relacionaron los mismos hechos relatados en la acusación, estableciendo que el
procesado aceptaba cargos por el delito de lesiones personales dolosas con
deformidad física permanente del cuerpo, según los artículos 111 y 113-2 del Código
Penal, con ocasión del ataque contra Álvaro
Castro Rodríguez, conducta que comporta un marco punitivo de 32 a 126 meses que en
comparación con el de homicidio en modalidad de tentativa que es de 104 a 337,5 meses, denota una
rebaja del 69.23% de la pena imponible, la que sin duda supera en forma
ostensible la consagrada por el legislador, razones más que suficientes para
confirmar la decisión de instancia.
61.-
Las razones anteriores llevan a desatender las súplicas de los recurrentes, y
en consecuencia, a que se confirme la decisión apelada.
63.-
En todo caso, y para evitar equívocos, aclárese que en un asunto en el que la
captura del procesado no ocurre en
situación de flagrancia, sí es posible preacordar que para efectos punitivos el
autor sea tratado como cómplice -como único beneficio-, situación que ya ha sido aceptada
pacíficamente por la jurisprudencia[41]. Pero ello resulta
imposible, se insiste, en supuestos de flagrancia por la limitación punitiva
que se consagró, de acuerdo con la cual la rebaja no podrá ser mayor que la
cuarta parte del beneficio.
DECISIÓN:
A
mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Penal,
RESUELVE:
1º. CONFIRMAR el auto objeto de alzada.
2º. ANUNCIAR que esta decisión queda notificada en estrados.
3º. ADVERTIR que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Cópiese y cúmplase.
Alberto Poveda
Perdomo
Luis Fernando Ramírez
Contreras
Ramiro Riaño Riaño
[1]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 10 de mayo de
2006, radicación 25389.
[2] “Por su
origen, las normas sustanciales y procesales tienen igual jerarquía. La
primacía del derecho sustancial, en principio, no obliga al legislador,
sino a los encargados de administrar justicia. En realidad, podría
decirse que el artículo 228 contiene una regla de interpretación, dirigida al
juez” (Corte Constitucional, sentencia C-543/93). En otra decisión se precisó:
“Las particularidades de los procesos deben estar dirigidas a asegurar la
prevalencia del derecho sustancial, el principio de eficacia de los derechos y
la protección judicial efectiva. De allí, que sean entendidas como
constitucionales justamente, las normas procesales que tienen “como propósito
garantizar la efectividad de los derechos” y su eficacia material, y que
además propendan por la optimización de los medios de defensa de las personas.
Tal efectividad resulta ser entonces un principio y una garantía que debe ser
asegurada por las disposiciones procesales fijadas por el legislador” (Corte
Constitucional, sentencia C-227/09).
[3] Artículo 10. ACTUACIÓN PROCESAL. La actuación procesal se
desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las
personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del
ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer
el derecho sustancial.
Para
alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos
orales, la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y
los términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación.
El
juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para
sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes
que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos.
El
juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y
que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin
que implique renuncia de los derechos constitucionales.
El
juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de
corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre
los derechos y garantías de los intervinientes.
[4] La
Ley 906 de 2004, dispuso entre sus principios rectores y garantías procesales
los moduladores de la actividad procesal, en los que se impuso como deber de
los servidores públicos ceñirse en sus actuaciones a “criterios de necesidad,
ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos
contrarios a la función pública, especialmente a la justicia”.
[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 15 de julio de 2008, radicación 28872.
[6] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de
18 de junio de 2008 radicación 29252.
[7] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 15 de julio de 2008, radicación 28872.
[8] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 21 de marzo de 2012, radicación 38500.
[9] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de 18 de abril de 2012, radicación 38146.
[11] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de casación de 26 de octubre de 2006, radicación 25743.
[12] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia de casación de 2 de julio de 2008, radicación 29117.
[13] Con clara violación de reglas dogmáticas referidas
al principio de accesoriedad, según
el cual solamente se puede predicar la existencia de complicidad cuando existe
y se establece la existencia de un autor. Dicho de otra manera: no hay cómplice si no existe autor.
[14] Cfr. Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión
Penal, auto de 24 de octubre de 2013, radicación 1100160000102201100526 01. En el referido asunto la FGN
(i). No imputó la causal de agravación
prevista el Código Penal, artículo 58-1, cuando de la narración de hechos se
desprende que con los delitos ejecutados por el procesado se lesionó el gasto
social.
(ii). La FGN
(iii). La FGN NO
imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales previsto en
el artículo 410 del Código Penal.
[15]
Ley 1453 de 2011, artículo 57, modificatorio del artículo 301 del Código de
Procedimiento Penal… PARÁGRAFO: La persona que incurra en las causales
anteriores sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley
[16] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sala de Decisión de Tutelas, sentencia de 4 de diciembre de 2013, radicación
T-70712.
En el mismo sentido la sentencia de 16 de enero de 2014, radicación T-71295.
[18] Página 12, auto del 24 de octubre de 2013.
[19] Página 26 ibídem.
[20] Páginas 26 -27 ibídem.
[21] Página 29 ibídem.
[22] Página 31 ibídem.
[23] T-996/03 y T-579/06.
[24] Delimitación de funciones entre el juzgador y el
fiscal.
[25]
Los hechos materia del debate, según lo dicho por la accionante y resumidos en
la sentencia, fueron los siguientes: “Como
defectos de las providencias censuradas, expuso que habiendo celebrado
preacuerdo con el ente acusador, dada la calidad de cómplice que le fue
imputada por el delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce
años, y recayendo la negociación exclusivamente en la dosificación
de la pena, no era procedente, con el argumento de violación del principio de
legalidad por cuanto se estimó que su participación en el punible lo fue como
coautora, que los accionados no le impartieran su aval; máxime, cuando la Fiscalía
[26] Eugenio Fernández Carlier, Salvamento de
Voto, sentencia de 24 de septiembre de 2013, radicación
T-69478,
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sala de Decisión de Tutelas.
[27] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 12 de septiembre de 2007, radicación
27759.
[28] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sala de Decisión de Tutelas N° 2, sentencia de 23 de enero de 2014, radicación
T-71141.
[30]
Corte Constitucional, sentencia T-565/05. También se ha advertido que en los
términos del principio de interpretación
conforme, “todos los mandatos del ordenamiento jurídico se deben
interpretar de forma tal que su sentido guarde coherencia con las disposiciones
constitucionales. Ello implica varias cosas: primero, que toda interpretación
que no sea conforme a la Constitución
[31]
Ley 1453 de 2011.
[32]
Ley 1474 de 2011.
[33] Se
enfatiza que la jurisprudencia de la Corte Suprema
[34] Se
retoma lo que aparece en el siguiente enlace: http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/mas-beneficios-para-delincuentes-en-proyectada-reforma-a-sistema-penal/20130912/nota/2033504.aspx
(2013/12/10). Las negrillas fueron agregadas.
[35]
Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, auto del 4 de febrero de
2014, radicación 11001 6000 015 2012 08674 01.
[37] Dictamen obrante a folio 152 carpeta principal
indica: “herida por arma cortopunzante de 5 centímetros en
hemitórax anterior izquierdo sobre línea axilar anterior.
[38]
Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, auto de 31 de agosto de
2012, radicación 110016000017200880366
01.
[39]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 25 de febrero
de 1999, radicación 10647.
[40]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 5 de noviembre
de 2008, radicación 23521.
[41]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 20 de noviembre de
2013, radicación 25389.
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