(Nota tomada de https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/presidente-de-la-corte-suprema-defiende-a-jueces-criticados-por-libertades-633193)
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, hizo este jueves una férrea defensa de las decisiones que toman los jueces del país, ante las críticas recibidas, por ejemplo, por dejar en libertad a personas capturadas cuando el debido proceso no se cumplió, sin argumentos de fondo, sino bajo la lupa "de la superficialidad y del desconocimiento" y desde el afán de las redes sociales.
"¿Puede la polarización atentar contra el Estado de derecho? ¿Es admisible que se afirme, como se ha hecho, que una decisión de la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte Constitucional o de cualquier otro Tribunal o juez de la Nación, ¿erosiona la institucionalidad democrática?", señaló.
En la instalación del evento anual de la Jurisdicción Ordinaria en Bogotá, y frente al presidente de la República, Iván Duque; así como los presidentes de las Altas Cortes, de tribunales y ante los jefes de los organismos de control, el magistrado Hernández señaló que hay que tener claro el rol de los jueces.
"Eso evita distorsiones acerca de nuestra responsabilidad frente a los conflictos sociales o frente a sus consecuencias. No es extraño que se nos atribuya responsabilidad en la inseguridad o en la impunidad", dijo.
"Hoy no es extraño que se critique duramente a los jueces por desproteger a la sociedad al dejar libres a algunas personas capturadas. No se dan cuenta que ese es el mensaje mas reflexivo que puede recibir una nación: que aun ante evidentes manifestaciones de delincuencia en una sociedad con una aguda inequidad social, los jueces están para proteger la libertad de todos los ciudadanos. Y que contra todo, y por sobre todo, los jueces cumplen con ese compromiso ético, por grave que sea la conducta, cuando no se observa el debido proceso, así como también ordenan la restricción de derechos cuando el procedimiento no tiene tacha y las pruebas y el comportamiento lo amerita", dijo.
"Los costos de inseguridad e impunidad, entonces, no son responsabilidad de la judicatura. Los jueces –y es lo que debería interiorizar la sociedad— resolvemos el conflicto en derecho. Ni capturamos ni acusamos. Estas son funciones atribuidas a otras autoridades en el Estado, las cuales deben cumplir con acatamiento de principios mínimos constitucionales", señaló.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que el problema no es que se critiquen las decisiones de los jueces, ya que eso democráticamente válido, sino que se se haga desde el desconocimiento.
"El problema no es que se critiquen las decisiones de los jueces sino que se haga con mentiras, con campañas de aniquilamiento moral contra los funcionarios judiciales, con acusaciones infundadas de que somos manipulados por algún sector político o por otros poderes públicos, todo ello bajo la máscara de la denominada posverdad, que es distorsión y manipulación", agregó.
El magistrado Hernández dijo que esa práctica "resiente la convivencia pacífica, debilita la autoridad de la justicia y del Estado, y expone a la arbitrariedad".
Además, dijo, "expone a la entronización de una cultura que legítima la violencia como forma de solución de los conflictos y que deslegitima la justicia, la paz, las acciones de perdón, de verdad y de reparación, los intentos de diálogo, perdiéndose la sociedad en la sorda conversación que elimina al adversario".
El magistrado Hernández señaló que, en efecto hay congestión judicial, y señaló que es necesario para resolverla que, a corto plazo se duplique "el número de jueces de la jurisdicción ordinaria. Es una idea ambiciosa que se tiene que interiorizar como un objetivo posible".
"La conflictividad que la justicia debe resolver superó hace rato a la justicia. Son absurdas las cargas laborales de los jueces. Absurdo igualmente contar con una norma legal que regulariza esa congestión, al ordenarle a la administración judicial, como acción rutinaria, elaborar planes anuales de descongestión", señaló Hernández.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia además le pidió a la Corte Constitucional dar su visto bueno a la última reforma a la justicia aprobada por el Congreso que le permite a los Presidentes de las Cortes, en el seno de la Comisión Interinstitucional fijar el rumbo misional de la Rama Jurisdiccional y decidir vinculantemente su futuro. Y que fijó recursos para la justicia de mínimo el 3% del presupuesto general de la nación.
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