Si bien la prohibición de los subrogados y beneficios prevista por el legislador debe ser cumplida por los jueces en los términos de su literalidad, en todo caso la interpretación histórica, sistemática y finalista de la norma puede permitir en algunos supuestos que se conceda un subrogado, como ocurre en el presente asunto que trata sobre un delito de violencia contra servidor público, el que si bien aparece entre los delitos contra la administración pública no puede ser clasificado como conducta punible de corrupción.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA PENAL
Magistrado
Ponente
Alberto Poveda Perdomo
Aprobado Acta N° 034
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Bogotá, D.C., lunes, siete (7) de marzo de dos mil veintidós (2022).
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Radicación |
110016000023202003053 01 |
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Procedente |
Juzgado 31 Penal del Circuito con función
de Conocimiento de Bogotá |
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Procesado |
Johan Sebastián Franco Torres |
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Delito |
Violencia contra servidor publico |
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Situación Jurídica |
Libertad |
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Asunto |
Apelación sentencia condenatoria anticipada
– preacuerdo |
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Decisión |
Modifica concede subrogado |
I.
ASUNTO
1.
Resolver el recurso de apelación
interpuesto por la defensa de Johan
Sebastián Franco Torres contra
la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2021 por el Juzgado 31 Penal del
Circuito de Bogotá con función de Conocimiento, que lo condenó a la pena de 16
meses de prisión y a la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por 5 años en virtud del preacuerdo celebrado con la Fiscalía General
de la Nación (FGN), negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y
la prisión domiciliaria.
II.- IMPUTACIÓN
FÁCTICA
2.
El 21 de julio de 2020, a las 13:15
horas, en la calle 132 D con carrera 136, barrio Toscana Suba de esta ciudad
capital, los patrulleros Luis Carlos
Chapal Villota y Sadid Rivera
Basco, intervinieron en una riña entre un hombre y una mujer, sin
embargo, el policial Rivera Basco resultó
agredido por uno de los actores de la riña identificado como Johan Sebastián Franco Torres ocasionándole
una herida abierta en el oído derecho.
III. ACTUACIÓN
PROCESAL
3.
El 22 de julio de
2020 ante el Juzgado 61 Penal Municipal con función de Control de Garantías,
la FGN legalizó la captura de Johan Sebastián Franco Torres, le imputó el delito
de violencia contra servidor público, en calidad de autor, conforme al artículo
429 del Código Penal. cargo que no aceptó. No fue solicitada medida de
aseguramiento.
4.
El 20 de agosto de
2020 radicó escrito de acusación asunto que le correspondió al
Juzgado 31 Penal del Circuito con función de Conocimiento; autoridad que realizó audiencia de formulación de
acusación el 8 de febrero de 2021.
5.
El 27 de agosto siguiente
la FGN solicitó variar el sentido de la diligencia para verbalizar un
preacuerdo, allí mismo fue exteriorizado y coadyuvado por el procesado y su
defensa, consistió en que Johan Sebastián Franco Torres aceptaba su
responsabilidad en el delito endilgado de violencia contra servidor público a
cambio le impondrían la pena mínima del delito de lesiones personales dolosas,
esto es, 16 meses de prisión. Lo ateniente a la pena principal, accesorias y
concesión de subrogados, los dejó a criterio del juez.
IV. SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA
6.
El 28 de septiembre
de 2021 el Juzgado 31 Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Bogotá
condenó a Johan Sebastián Franco Torres
como autor del delito de violencia contra servidor público artículo 429 del
Código Penal, en virtud del preacuerdo aplicó la pena de 16 meses de prisión del
delito de lesiones personales que generen incapacidad para trabajar o
enfermedad contemplada en los artículos 111 y 112 inciso 1 ibídem, como
pena accesoria impuso la inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por un término de 5 años.
7.
No
accedió a la petición de suspensión condicional de la ejecución de la
pena y la prisión domiciliaria, por expresa prohibición legal toda vez que el
delito por el cual fue condenado está inmerso dentro en el artículo 68 A de la
Ley 599/00, condicionó la captura a la firmeza de la sentencia.
V.- FUNDAMENTO DE
LA APELACIÓN
8. La defensa
recurrió la decisión de primera instancia, para lo cual expuso que el
sentenciado cumple con los presupuestos normativos señalados en el artículo 63
del Código Penal, a fin de que le sea concedido el subrogado penal de la
libertad condicional de la ejecución de la pena, es decir, la pena impuesta no
supera los 48 meses de prisión y carece de antecedentes.
9. Respecto el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599/00,
señaló el delito enlistado en dicha prohibición está relacionado con el delito
de violencia contra servidor público y no por el delito de lesiones personales nomen iuris por el que versó el
preacuerdo.
10. Bajo el anterior argumento solicitó revocar la decisión
de primera instancia y en su lugar conceda la suspensión condicional de la
ejecución de la pena o la prisión domiciliaria por tratarse de un derecho no un
beneficio.
11. Los demás sujetos procesales no hicieron pronunciamiento dentro
del traslado de no recurrentes.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
12. Competencia: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 34-1
de la Ley 906/04, esta Corporación es competente para conocer del recurso de
apelación interpuesto por el sentenciado contra el fallo de primera instancia.
13. En términos de los artículos 43-1 y 179 de la Ley 906/04,
modificado por el artículo 91 de la Ley 1395/10, resuelve la Colegiatura el
asunto planteado por el recurrente dentro del marco delimitado por el objeto de
la impugnación.
14. Problema jurídico
planteado: De lo expresado por el recurrente, la Sala debe
establecer si i) los subrogados penales deben versar sobre los delitos usados
para disminuir la pena dentro de las negociaciones entre las partes y ii) si la
prohibición del articulo 68 A circunscribe al delito de violencia contra
servidor público.
15. Subrogados penales. Son mecanismos sustitutivos que permiten el cumplimiento de la pena
bajo especiales circunstancias, siempre y cuando el condenado cumpla los
requisitos establecidos en la legislación, consagrados en la Ley 599/00 en sus
artículos 63 y siguientes.
16. Estos subrogados son entendidos como un
derecho del condenado sometido al cumplimiento de los supuestos objetivos y
subjetivos que el legislador ha establecido[1].
17. Además de lo anterior, también debe
cumplir el requisito establecido en el artículo 68A del Código Penal, que
excluye de la concesión de estos beneficios a los procesados que hayan sido
condenados por los delitos señalados expresamente en dicha norma, siendo
inadmisible evadir su aplicación al ser un precepto ajustado a la Constitución
Política.
18.
Caso concreto. La defensa apeló la decisión de primera
instancia al estimar que debió concederse el subrogado penal de la suspensión
condicional de la ejecución de la pena al sentenciado, porque fue acreditado su
arraigo social y familiar, además de que no cuenta con antecedentes penales por
ser infractor primario.
19. La Sala no encuentra procedente
acceder a la pretensión de la defensa bajo los postulados de su alzada, porque en
virtud del preacuerdo Johan Sebastián
Franco Torres aceptó su responsabilidad
en la conducta punible de violencia contra servidor público, además, debe
advertirse que no es cierto que la condena de Franco Torres fue por lesiones personales como erradamente lo entiende
la defensa, sino que a su favor la FGN hizo alusión a otra denominación
jurídica “lesiones personales”, no
obstante, ello ocurrió única y exclusivamente a efectos de la obtención de la
rebaja de pena, por lo que ni la calificación jurídica ni la responsabilidad
del procesado fue variada.
20. También debe precisarse, lo relacionado
a los subrogados penales cuales no fueron motivo
de negociación, pues dejó su análisis al criterio del juzgador, de ahí que la Sala
encuentre ajustada la decisión de negar el otorgamiento de la suspensión
condicional de la ejecución de la pena, pues conceder a favor la pena de un
delito diferente no obedeció a una verdad real, sino que es asumido única y
exclusivamente en sede de punibilidad.
21. De acuerdo con lo expuesto, se itera que el procesado aceptó su responsabilidad por el delito
de violencia contra servidor público y por justicia premial le fue aplicada la
pena de lesiones personales lo que no implica que este sea el delito por el
cual fue sentenciado, entonces, no puede de ninguna manera pretenderse que la
FGN haya admitido que el injusto este y no aquel.
22. Violencia contra servidor público. Se estructura cuando una persona arremete violentamente
contra un servidor público debido a sus funciones o para obligarlo a ejecutar u
omitir algún acto propio de su cargo o, a realizar uno contrario a sus deberes
oficiales.
23. El bien jurídico
que tutela es la Administración Pública, creado específicamente para proteger
el principio de autoridad ejercido por la fuerza pública, entonces, no se
aprecia que la estructura lógica tienda a proteger el patrimonio del Estado o
la moralidad pública y mucho menos se trata de un acto de corrupción, por lo
que su presencia en el artículo 68 A del Código Penal afecta el principio de
legalidad.
24. Esta tesis ha venido
haciendo carrera en Tribunales homólogos como el del Distrito de Pasto – Sala
de Decisión Penal, al considerar en un caso similar conceder la suspensión
condicional de la ejecución de la pena “al determinarse que este punible
no se encuentra dentro de la prohibición objetiva prevista en el art. 68 A del
C.P., pues si bien hace parte de los delitos contra la administración pública,
tal exclusión de beneficios se refiere a aquellas conductas que entrañan un
hecho de corrupción”[2]
25. Lo anterior
tiene su explicación en el motivo por el cual el legislador expidió la Ley 1474/11[3],
creada con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública, de ahí que el articulo 13 ibídem
mediante el cual dispuso incluir a los delitos contra la administración pública
de manera genérica dentro de la prohibición de beneficios que establece el
artículo 68 A del CP, hace parte del capítulo II denominado medidas penales en la lucha contra la corrupción pública
y privada.
26. Posteriormente,
la Ley 1709/14 mediante el artículo 32 también modificó el artículo 68 A de la
Ley 906/00, pero su finalidad es adoptar medidas de adecuación penitenciaria y
hacinamiento carcelario, sin pretensión alguna de transformar el espíritu de la
norma que optó por excluir de beneficios a las conductas punibles que atenten
contra la moralidad pública dentro del marco de la lucha contra la corrupción, política
pública en la que no encuadra el delito de violencia contra servidor público.
27. Si bien, no cabe duda de que este
delito descrito en el libro segundo, título XV, capitulo X de los delitos
contra servidores públicos, artículo 429 del Código Penal, coincide efectivamente
con uno de los delitos que aparecen dentro de las prohibiciones objetivas consagradas
en el inciso 2º del articulo 68 A del cp.
28. La Sala considera que debe apartarse de
dicha interpretación literal pues pese estar incluido dentro del bien jurídico que
pretende proteger la comisión de delitos dolosos contra servidores públicos, su
naturaleza escapa a dicha
calificación.
29. Por supuesto, el
Estado puede intervenir para frenar cuando requiera protegerla de cualquier
forma de violencia, pero tal intervención sólo es legítima como medida de última ratio y en su justa medida, dado
que no es lógico que
a través de una interpretación literal o expansiva del Derecho Penal, se genere una visión diferente de lo que por
política criminal se entiende conceder la libertad condicional, lo que no
significa dejar impune
los graves actos de violencia, pero no en todo caso puede sostenerse que
siempre deba imponerse una medida restrictiva de la libertad para lograr
superiores resultados sociales, cuando según dicho principio privar de la
libertad el centro carcelario y penitenciario debe ser el último recurso.
30.
Lo anterior, genera un espacio para que según el
caso el juez de conocimiento pueda, sin temor, conceder los subrogados, máxime
cuando establecido quedó que los requisitos objetivos exigidos en el artículo 63 del Código Penal y los
subjetivos como el arraigo y las condiciones sociales o familiares del
procesado, indicativos de que no existe necesidad de ejecutar la pena, además
de tratarse de un delincuente primario, y la pena impuesta no supera los 4 años
de prisión.
31.
En consecuencia, se concederá a Johan
Sebastián Franco Torres la suspensión condicional de la ejecución de la
pena, por un periodo de dos (2) años.
32. Para tal efecto
el implicado deberán suscribir acta donde se comprometa a cumplir las
obligaciones que impone el artículo 65 del Código Penal[4].estando
obligado a suscribir, que debe incluir el respeto a la fuerza pública a quienes
deberá dirigirse con respeto en un lenguaje decente, y por supuesto, abstenerse
de incurrir en cualquier forma de violencia. Lo que será garantizado mediante
caución prendaria por valor de doscientos mil pesos ($200.000), que deberá
consignar en la cuenta de depósitos judiciales que le indique el centro de servicios
de Paloquemao; o, en su defecto, a través de la respectiva póliza judicial de
garantía.
DECISIÓN
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1º. MODIFICAR la sentencia emitida el 28 de septiembre de
2021 por el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá con función de
Conocimiento, exclusivamente
en el sentido de conceder a Johan Sebastián Franco Torres, la suspensión condicional
de la ejecución de la pena por un período de prueba de dos (2) años.
2º. CANCELAR la orden de captura emitida
en su contra únicamente por este delito.
3º. ADVERTIR que contra esta sentencia procede el recurso extraordinario de casación.
4º. SEÑALAR que la presente decisión queda notificada en estrados.
Notifíquese y
cúmplase.
Alberto Poveda
Perdomo
Magistrado
Susana Quiroz Hernández Ramiro Riaño Riaño
Magistrada Magistrado
[1] CSJ, SP, Sentencia T- 53314/11.
[2] Proceso con CUI No.
520016000485201500381-1 NI 12672
[3] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.
[4]
i)
informar todo cambio de residencia; ii) observar buena conducta; iii)
comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento
de la sentencia, cuando fuere requerido para ello; y iv) no salir del país sin
previa autorización del funcionario que vigile el cumplimiento de la pena
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