Explica el Tribunal que resulta poco juicioso darle viabilidad a un preacuerdo que no consulta la realidad fáctica y que, más bien, corresponde al capricho de la FGN de reportar el éxito en un proceso en el que lo único cierto es que se está regalando la imposición de una pena más benigna al cambiar sin fundamento el delito por el que se imputaron cargos.
Resalta, adicionalmente, que el preacuerdo es fallido porque nada dice frente a los otros celulares que le fueron incautados a la procesada y la posible empresa criminal a la que pertenece Beatriz Nataly Bohórquez Gómez. Si bien por ahora no ha sido posible identificar sus IMEI, el hallazgo de tales aparatos y la falta de demostración de un origen lícito, lo que ordinariamente se hace con facturas de compraventa, necesariamente imponen que la FGN establezca si eventualmente hacen parte del negocio transnacional del que se habla por el fiscal general, los medios de comunicación y si, eventualmente, en tal actividad está comprometida la imputada, como parte de una cadena concertada para delinquir en gran escala.
Se recuerda que en diferentes pronunciamientos el Fiscal General ha expresado ante los medios de comunicación su alarma por lo que ocurre con las redes criminales dedicadas a la cadena de delitos que ocurren alrededor del hurto de celulares, denotando así que la FGN tiene un compromiso serio y decidido frente a tal flagelo. Sin embargo, lo que ocurre en el presente asunto es muestra de que o el Fiscal General tienen un discurso para la tribuna y otro muy diferente al interior de la propia FGN; o que las preocupaciones públicas del fiscal general no son las mismas inquietudes de la institución; o que cada delegado fiscal procede sin atender directrices o que lineamientos y políticas en materia de preacuerdos no existen para perseguir el crimen organizado detrás de la venta de celulares hurtados[19]; o que el delegado fiscal del presente asunto es una rueda suelta que hace lo que le viene en gana y busca que las empresas criminales dedicadas al negocio de celulares no resulten tocadas debidamente por la acción judicial.
Igualmente, en el sub examine resulta patente que el preacuerdo no aprestigia a la administración de justicia, por el contrario, la desacredita al permitir la impunidad derivada de un preacuerdo impúdico. En consecuencia, se requerirá al Fiscal General de la Nación para que adopte las políticas, directrices, pautas o lineamientos que cumplirán los delegados fiscales en materia de preacuerdos y evite el festín e impunidad a los que tantas veces ha hecho referencia este Tribunal.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA PENAL
Magistrado Ponente:
Alberto
Poveda Perdomo
Aprobado Acta N°. 083
AUTO
INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA
Bogotá,
D.C., Martes, quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación
|
110016000017201617648 01
|
Procesados
|
Beatriz Nataly Bohórquez Gómez
|
Delito
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Receptación en concurso
|
Procedencia
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Juzgado 27 Penal
del Circuito Conocimiento
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Situación Jurídica
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Domiciliaria
|
Asunto
|
Imprueba preacuerdo
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Decisión
|
Se abstiene de resolver
|
I.
VISTOS:
1. Entra la Sala a pronunciarse sobre el
recurso de apelación interpuesto por el defensor de Beatriz Nataly Bohórquez Gómez, contra el auto de 21 de
julio de 2017 emitido por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá, que improbó preacuerdo.
II.
HECHOS:
2. Aproximadamente las 21:30 horas del 15 de diciembre de 2016, en las
instalaciones del Aeropuerto Internacional el Dorado, Salas de Reconciliación
Internacional, se practicó requisa a Beatriz
Nataly Bohórquez Gómez, quien llevaba en su equipaje 29 celulares marca Iphone,
de los cuales únicamente tres fueron identificados por IMEI, aparatos que
aparecieron reportados por hurto.
3. La investigación permitió demostrar que la detenida pretendía viajar a
Buenos Aires, Argentina, con el fin de comercializar los celulares incautados.
III. ACTUACION
PROCESAL
4. El 16 de diciembre de 2016 el Juzgado 80
Penal Municipal con función de control de Garantías de Bogotá legalizó la
captura de Beatriz Nataly Bohórquez Gómez.
La FGN le imputó los delitos de receptación en concurso homogéneo sucesivo,
cargo que no aceptó. Igualmente, le impuso medida de aseguramiento de detención
en establecimiento carcelario, posteriormente modificada por domiciliaria por
el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.
5. El 16 de marzo de 2017 la FGN presentó preacuerdo
con la acusada y ofreció como único beneficio sustituir el delito imputado por
el de favorecimiento, consagrado en el artículo 446 del Código Penal.
6. El 21 de julio siguiente se realizó la
audiencia de verificación del preacuerdo.
IV.
EL AUTO IMPUGNADO:
7. El a quo
improbó el preacuerdo porque no obra prueba alguna que permita concluir que las
tres víctimas reconocidas fueron reparadas, vulnerándose así lo establecido en
el artículo 349 del CPP, que dispone que el acuerdo será viable si el sujeto
activo de la conducta reintegra el 50% del valor del incremento percibido y
asegura el reintegro del otro 50%.
8. Estimó que tampoco
era viable aprobar los términos del preacuerdo porque en la imputación la FGN
estableció que la conducta ejecutada consistía en concurso homogéneo sucesivo debido
a la existencia de tres celulares hurtados, de los cuales se logró identificar
a sus propietarios, circunstancia no tenida en cuenta al momento de sustituir
el delito.
9. Destacó que el
delito de favorecimiento resulta ser demasiado bondadoso en relación con la
receptación y que eventualmente debería auscultarse más ese cambio. Concluyó que
no es posible dejar a un lado los derechos de las víctimas afectadas con el
hurto de sus propiedades.
V. RECURSO DE APELACION:
10. La defensa argumentó
que la decisión del a quo desborda los
límites de su competencia porque el acuerdo obliga al juez, siempre y cuando no
desconozca derechos de terceros o afecten garantías fundamentales.
11. Dijo que no es
posible improbar el preacuerdo por incumplimiento de las exigencias previstas
en el artículo 349 del CPP, porque la FGN no probó que su defendida haya
recibido un incremento patrimonial derivado de la tenencia de los aparatos,
menos cuando se observa que los 29 celulares que fueron incautados y puestos a
disposición de la autoridad competente con su respectiva cadena de custodia.
12. Descartó la
existencia del concurso porque fue una desatención de la FGN al momento de
imputar cargos, porque la situación fáctica demuestra que su defendida cometió
una sola acción, circunstancia que impide hacer referencia al concurso al
momento de preacordar.
VI. TRASLADO A LOS NO RECURRENTES:
13. FGN. Dijo compartir los argumentos del defensor en cuanto a la inexistencia
de elementos materiales que justifiquen el incremento patrimonial previsto en
el artículo 349 del CPP.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA :
14. Competencia: De conformidad con lo
preceptuado en el artículo 34-1 de la
Ley 906/04, esta Corporación es competente para conocer del
recurso de apelación interpuesto por la defensa contra
la decisión de primera instancia que improbó el preacuerdo.
15.
Problema jurídico planteado: Preliminarmente la
Sala deberá establecer si la defensa se encuentra legitimada para apelar la
decisión que imprueba un preacuerdo, cuando la FGN no se opone a la decisión
del juez o se muestra conforme con lo resuelto.
16. Legitimación. El
preacuerdo es un acto bilateral celebrado entre la FGN, la defensa y el procesado,
que tiene como objetivo humanizar la actuación procesal y la pena, obtener
pronta y cumplida administración de justicia, activar la solución de los
conflictos sociales, propiciar la reparación integral de los perjuicios
ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la
definición de su caso (Ley 906 de 2004, artículo 348).
17. Los
artículos 350 y 351 del CPP facultan a las partes para que preacuerden no solo
la pena sino también sus consecuencias para, en últimas, que el procesado obtenga
una rebaja de la sanción.
18. La
bilateralidad de los preacuerdos implica que FGN y defensa (procesado y
defensor) hagan prevalecer su voluntad de negociación, siempre supeditada a la
aprobación o rechazo del juez de conocimiento.
19. No obstante
ese poder de negociación que tienen los sujetos procesales, solamente se
materializa cuando las dos partes, en forma concurrente y sin fisuras, expresan
de común acuerdo su consentimiento inequívoco de llegar a la obtención de un
pacto.
20. Sin embargo,
como ocurre con todo negocio, pacto o convenio, en lo que tiene que ver con los
preacuerdos, antes de la aprobación que emita la autoridad judicial, pueden
surgir discrepancias, desavenencias o contrariedades entre las partes,
derivadas o generadas por múltiples motivos, lo que puede conducir a que
una de ellas o ambas desistan o se retracten de lo pactado, para lo cual existe
expresa autorización legal (CPP, artículos 293 y 8-d).
21. De lo anterior se sigue que si alguna de las partes deja el acuerdo a
su suerte porque, como aquí ocurrió, lo resuelto por el juzgador de primer
grado no es sometido a debate por quienes lo suscribieron, debe entenderse que
el preacuerdo feneció, máxime cuando la FGN aceptó los argumentos del a quo cuando decidió improbar el
preacuerdo.
22. Esta Sala reiteradamente ha destacado que en materia de recursos que se
pueden promover contra los preacuerdos que son rechazados o improbados por los
jueces, las partes que suscribieron el convenio deben promover conjuntamente el
recurso de reposición y/o apelación, porque si una sola muestra su
inconformidad contra lo resuelto por la judicatura, es de entender que
implícitamente la otra parte está aceptando o avalando lo decidido, de donde se
sigue que el acuerdo ha quedado roto[1].
23. Es por ello que se ha mantenido que resolver un recurso de apelación
promovido exclusivamente por una de las partes que participaron en la
elaboración de un contrato, implica desconocer el presupuesto procesal de la
legitimación, porque el preacuerdo, que en últimas se asimila a un negocio
jurídico, debe ser suscrito, promovido o debatido por quienes participan del
mismo y, si como aquí ocurre, la controversia la plantea solamente la defensa,
resultan insuficientes sus manifestaciones para que la judicatura entre a
resolver su inconformidad.
24. En situaciones como la que aquí
se presenta, el juez de primera instancia debe expresar la falta de
legitimación de la parte que promueve el recurso de alzada y, como consecuencia
de ello, declarar improcedente el recurso. Solamente en aquellos eventos en el que
las dos partes -FGN y defensa- impugnan la improbación de un preacuerdo, se
satisface el requisito de legitimación que abre la puerta al trámite de los
recursos.
25. En
conclusión si se imprueba un preacuerdo, deben las dos partes que lo suscriben
impugnar la decisión, porque si únicamente lo hace la defensa, se entiende que
la FGN tácitamente se está retractando o desistiendo de esa negociación. Por
las razones expuestas, la Sala
se ABSTIENE de desatar el recurso de apelación.
26. Otras cuestiones
que imponen a la Sala manifestarse. Lo expuesto no es óbice para que el
Tribunal precise que en el presente asunto el juzgado de instancia procedió
apegado a la legalidad vigente cuando improbó el preacuerdo suscrito entre las
partes, no solo por las razones que adujo sino porque no existe ningún fundamento
fáctico ni probatorio que permita cambiar la adecuación típica de la conducta,
dado el contexto en el que ocurrieron los hechos.
27. Si bien los
preacuerdos pueden celebrarse sobre diferentes cuestiones, como el grado de
participación del sujeto (autor vs.
cómplice), la cantidad de ejecución de la acción (consumación vs. tentativa), para eliminar causales
genéricas o específicas de agravación, etc., en todo caso la FGN no puede
pactar creando delitos o circunstancias a los que no hizo referencia en la
imputación, como ocurrió en este asunto. Igualmente, los convenios premiales
deben tener un soporte fáctico mínimo demostrativo de lo que se acuerda, como
lo ha sostenido la jurisprudencia[2].
28. Ahora, no sobra
destacar que permitir que el proceso
continúe en los términos en que se presentó el preacuerdo, también afecta los
derechos y garantías de las víctimas, pues la conducta de que fueron objeto los
tres ofendidos, terminaría sin un juzgamiento serio y adecuado, máxime cuando
no fueron escuchados, dado que manifestaron la imposibilidad de asistir a la
audiencia, tal y como lo informó la Fiscalía[3],
sin que se desplegara ninguna otra actuación para su comparecencia. De otro
lado, tampoco observa la Sala ningún pronunciamiento respecto a los 26
celulares incautados y de los cuales no se logró identificar a sus
propietarios, obligación que recae en la FGN, tal y como lo prevé el artículo
90 del CPP y los derechos de las víctimas despojadas de los mismos
(especialmente en lo que tiene que ver con la reparación - Ley 906 de 2004,
art. 11).
29. Nuevamente, reitera
la sala que admitir los términos de una negociación como ocurrió aquí, abre la
puerta para que en todos los delitos la FGN, sin importar su gravedad, sujetos
o víctimas, preacuerde u ofrezca cualquier tipo de negociación, convirtiendo esta
posibilidad en un verdadero festín y degradando a los jueces a la condición de
meras celestinas del delito[4].
30. Lo pactado por las
partes en el presente asunto, además, olvidan o desconocen que los preacuerdos son para darle prestigio a
la administración de justicia y no para desprestigiarla[5].
Si
legislador dispuso, como criterio orientador general, que los preacuerdos que
celebren las partes tienen como propósito aprestigiar
la administración de justicia, ello significa, ni más ni menos, que cuando
un acuerdo conduce al desprestigio de la judicatura, el mismo no debe ser
aprobado porque atenta contra las bases mismas del sistema premial[6].
31. Siguiendo tal
derrotero, la jurisprudencia enseña que “un preacuerdo elaborado de manera prolija y
rigurosa debería expresar de manera precisa sus finalidades, lo relevante es
que de su contenido material se deriven elementos de juicio que permitan ver de
qué manera se concreta y aprestigia el
valor justicia, en qué forma se consigue la humanización de la pena, cómo
con el preacuerdo en verdad se soluciona el conflicto social generado por el
delito y se provee eficazmente a la reparación integral de los perjuicios
ocasionados por este, o, en fin, de qué manera con esta modalidad de la
justicia premial el procesado logra participar en la definición del caso”[7].
32. También consideró que si “el aprestigiamiento de la justicia es la finalidad de los
preacuerdos”, tal finalidad se lesiona cuando “el preacuerdo en estudio no
configura otra cosa que el desconocimiento y la burla a cualquier intento de
solucionar el asunto de manera justa, en la medida en que se desarrolló
sobre una sumatoria de improcedentes beneficios que desconocieron la gravedad
de los hechos objeto de acusación, y sus nocivas consecuencias” (negrilla
agregada).
33. Así mismo, esta Sala de antaño ha destacado
que la falta de control por parte del juez del
preacuerdo conduce a que se presenten situaciones como la que aquí se ha
estudiado. De seguir el desacertado criterio de la FGN lo que aquí se deriva es
que ya no queda más que un paso para degradar
un homicidio agravado en homicidio culposo, por ejemplo, con todas las
consecuencias punitivas, de ejecución de la pena y la previsible prescripción
de la acción penal.
34.
La problemática de los preacuerdos ha sido fijada, entre otras, en decisiones
de 8
de marzo de 2017, radicación 110016000019201602770 02[8],
y 6 de abril de 2015, radicación
110016000017201412531 01[9]
cuando se advirtió que se están presentando convenios que atentan y desconocen
abiertamente la lógica, la sindéresis judicial y la dogmática jurídica:
(i). El único ejecutor de un delito de acceso
carnal violento contra otra persona, es cómplice[10] y
los jueces, desatendiendo la realidad fáctica, den vía libre a tan cuestionable
forma de administrar justicia.
(ii). Que en contravía de la regla que impone el
otorgamiento de un solo beneficio a los procesados, la
FGN
(iii). Que en los casos de flagrancia, en los que
la rebaja de pena por allanamientos a los cargos o preacuerdos de culpabilidad
está reducida por mandato legal[12], se
haga fraude a la ley y mediante vías evidentemente contrarias al expreso
mandato legal se presenten preacuerdos en los que la rebaja de la pena sea
mayor a la que se obtenga en los allanamientos.
(iv). Que se acepte un preacuerdo en el que
absurdamente se disponga que ocurrió un homicidio culposo en grado de tentativa
y con exceso en la legítima defensa, como en efecto fue propuesto por la FGN y
la defensa ante un juzgado de Bogotá.
(v). Estando definido el incremento patrimonial o
lo apropiado, se acepte un preacuerdo en el que no se reintegra el 50% de lo
apropiado ni se garantiza la devolución del porcentaje faltante,
desconociéndose el expreso mandato del artículo 349 de la Ley 906 de 2004[13].
(vi). Que una tentativa de homicidio agravado
ocurrida en una escenario de riña transmuta en tentativa de homicidio simple en
exceso de la legítima defensa[14].
(vii). Sin importar la existencia de
prohibiciones legales se preacuerda conceder subrogados penales o penas
sustitutivas[15].
35.
En fin, resulta poco juicioso darle viabilidad a un preacuerdo que no consulta
la realidad fáctica y que, más bien, corresponde al capricho de la FGN de
reportar el éxito en un proceso en el que lo único cierto es que se está regalando la imposición de una
pena más benigna al cambiar sin fundamento el delito por el que se imputaron
cargos.
36. Adicionalmente, el preacuerdo es fallido
porque nada dice frente a los otros celulares que le fueron incautados a la
procesada y la posible empresa criminal a la que pertenece Beatriz Nataly Bohórquez Gómez[16]. Si bien por ahora no
ha sido posible identificar sus IMEI, el hallazgo de tales aparatos y la falta
de demostración de un origen lícito, lo que ordinariamente se hace con facturas
de compraventa, necesariamente imponen que la FGN establezca si eventualmente
hacen parte del negocio transnacional del que se habla por el fiscal general,
los medios de comunicación y si, eventualmente, en tal actividad está comprometida
la imputada, como parte de una cadena concertada para delinquir en gran escala.
37. Igualmente, en la medida en que la procesada
no explica la procedencia de los aparatos de comunicación y los mismos fueron
hurtados en diferentes fechas y lugares, aparentemente surge un concurso de
delitos de receptación. Ingenuo el delegado fiscal que pretende ocultar tal
realidad.
38. Cuestión Adicional. La sala no puede pasar por alto que en
publicación del periódico El Espectador
del 4 de agosto de 2017, el Fiscal General de la Nación señaló que el bloqueo
de IMEI no ha funcionado en el país porque el hurto de celulares continúa[17].
Destacó que mientras un celular
robado en el país puede negociarse en US$200,00, en países como Argentina se
pueden vender hasta por US$1.800,00, lo que deja una enorme ganancia que hace
indomable la renta criminal[18].
39. En diferentes
pronunciamientos el Fiscal General ha expresado ante los medios de comunicación
su alarma por lo que ocurre con las redes criminales dedicadas a la cadena de
delitos que ocurren alrededor del hurto de celulares, denotando así que la FGN
tiene un compromiso serio y decidido frente a tal flagelo.
40. Sin embargo, lo
que ocurre en el presente asunto es muestra de que o el Fiscal General tienen
un discurso para la tribuna y otro muy diferente al interior de la propia FGN;
o que las preocupaciones públicas del fiscal general no son las mismas inquietudes
de la institución; o que cada delegado fiscal procede sin atender directrices o
que lineamientos y políticas en materia de preacuerdos no existen para
perseguir el crimen organizado detrás de la venta de celulares hurtados[19]; o que el
delegado fiscal del presente asunto es una rueda suelta que hace lo que le
viene en gana y busca que las empresas criminales dedicadas al negocio de
celulares no resulten tocadas debidamente por la acción judicial.
41. Igualmente, en
el sub examine resulta patente que el preacuerdo no aprestigia a la administración de justicia,
por el contrario, la desacredita al permitir la impunidad derivada de un
preacuerdo impúdico.
42. En consecuencia,
se requerirá al Fiscal General de la Nación para que adopte las políticas,
directrices, pautas o lineamientos que cumplirán los delegados fiscales en
materia de preacuerdos y evite el festín e impunidad a los que tantas veces ha
hecho referencia este Tribunal.
43. Compulsa de copias. Observa la Sala que contra toda la
evidencia, indicativa de la posible ocurrencia de una conducta de receptación
en concurso homogéneo y sucesivo[20], la
FGN aligeró la carga de la acusada para cambiar el delito, para con ello
facilitar una condena laxa que realmente debe ser vista como monumento a la
impunidad, en tanto no hay correspondencia entre el acontecer fáctico y la
calificación jurídica dada a los hechos.
44. Así las cosas, para
la Sala resulta cuestionable y susceptible de investigación el proceder del
delegado fiscal que intervino en la negociación, motivo por el cual compulsa
copias, con destino al Fiscal General de la Nación, para que si a bien lo tiene
lo investigue por el presunto delito de prevaricato[21], y a
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o
quien haga sus veces, para que examine la posible ocurrencia de graves faltas
disciplinarias.
DECISIÓN:
A
mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Penal,
RESUELVE:
1°.- ABSTENERSE de conocer el recurso de apelación
interpuesto por el defensor dentro del presente proceso.
2º.- REQUERIR al Fiscal General de la Nación, en los términos aquí
señalados.
3º.- COMPULSAR las copias conforme se anunció.
4º.- ANUNCIAR que esta decisión queda notificada en estrados.
5º.- ADVERTIR que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
Cópiese y cúmplase.
Alberto Poveda
Perdomo
Luis Fernando Ramírez
Contreras
Ramiro Riaño Riaño
[1]
Auto del 10 de abril de 2014, radicación 11001600015201210040 01
proceso contra Arlinson Ramírez Pillimue
y otros.
[2] “El acuerdo o la negociación comporta… la existencia de un
fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo”. Corte Constitucional,
sentencia C-516/07. El mismo
entendimiento ha sido reiterado por esta Sala de decisión, por ejemplo,
Interlocutorio del 15 de mayo de 2017, radicación 110016000015201680077 01
proceso contra Jhonatan Stevens Dávila
Aguilar y otros
[3]
Ver folio 61 carpeta principal.
[4] Interlocutorio del 15 de mayo de 2017, radicación 110016000015201680077
01 contra Jhonatan Stevens Dávila Aguilar
y otros.
[5] La ley procesal tiene previsto que los preacuerdos
tienen como finalidad “humanizar la actuación
procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de
los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral
de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del
imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado
podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso”.
Igualmente, se impone que “el funcionario,
al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía
General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y
evitar su cuestionamiento”. Ley 906 de 2004, art. 348.
[6] “En el plano práctico,
particularmente de cara a la sociedad, la legitimación del poder judicial
deriva de factores como la sujeción de sus funcionarios al imperio de la
Constitución (en estricto sentido, del bloque de constitucionalidad) y la ley;
la adopción de decisiones libres de presiones e interferencias de naturaleza
política, económica, religiosa, social; la administración pronta, recta,
eficiente y eficaz de justicia, concepto que abarca la necesidad de aprestigiar el rol de administrador de justicia, mediante
la toma de posturas éticas, probas y transparentes”. Cfr. Nota Editorial, Derecho Penal y Criminología, volumen
34, número 96, Bogotá, 2013, p. 9.
[7] Cfr. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 28 de octubre de 2015,
radicación 46831.
[9]
Proceso Penal contra Sandra Milena Camelo
Vargas.
[10] Con clara violación de reglas dogmáticas referidas
al principio de accesoriedad, según
el cual solamente se puede predicar la existencia de complicidad cuando existe
y se establece la existencia de un autor. Dicho de otra manera: no hay cómplice si no existe autor.
[11] Cfr. Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión
Penal, auto de 24 de octubre de 2013, radicación 1100160000102201100526 01. En el referido asunto la FGN
(i). No imputó la causal de
agravación prevista el Código Penal, artículo 58-1, cuando de la narración de
hechos se desprende que con los delitos ejecutados por el procesado se lesionó
el gasto social.
(ii). La FGN
(iii). La FGN NO
[12]
Ley 1453 de 2011, artículo 57, modificatorio del artículo 301 del Código de
Procedimiento Penal… PARÁGRAFO: La persona que incurra en las causales
anteriores sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley
[13]
Distinta es la situación cuando resulta incierto el valor de lo apropiado, caso
en el cual la problemática podría ser trasladada al incidente de reparación
integral.
[14] Por ejemplo, Tribunal Superior
de Bogotá, Sala de Decisión Penal, auto de 29 de octubre de 2016,
radicación 11001600028201401628 02.
[15] Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, auto de 8 de marzo de 2017,
radicación 110016000019201602770 02.
[16] La
prensa ha señalado que el hurto y posterior venta de celulares debe ser
entendido como “un mercado negro, un emporio
criminal que se proyecta por toda Latinoamérica, pero bien alimentado por
clientes locales que no se detienen a pensar en que lo que están comprando está
manchado de sangre. Ellos mueven este millonario negocio”. Cfr. http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/celulares-se-pierde-la-guerra-118204
(2017/08/10).
[17] “Y aunque se deben reconocer esfuerzos como los de la semana
pasada, cuando Fiscalía y Policía golpearon una red en la que delinquían 367
personas en siete países de la región y recuperaron 11.000 teléfonos, los resultados siguen siendo magros”.
Cfr. http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/celulares-se-pierde-la-guerra-118204 (2017/08/10).
[19] Las
decisiones proferidas por esta Sala y que aquí se citan dar por cierta tal
afirmación. La práctica muestra de que los delegados fiscales proceden en
materia de preacuerdos a su antojo.
[20] La
fiscalía reconoció que los 29 celulares marca Iphone iban a ser comercializados en Argentina, destino de la
acusada, y que tres de ellos tenían denuncia por hurto.
[21] Cfr.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 25 de noviembre
de 2015, radicación 46688.
OFICIO DIRIGIDO AL SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN INVITANDOLO A QUE SEÑALE LAS REGLAS O DIRECTRICES QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS FISCALES DELEGADOS A LA HORA DE SUSCRIBIR PREACUERDOS
Bogotá, 17 de agosto de 2017.
TSB-SP-APP-452/2017
Doctor
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
Fiscal General de
la Nación
E. S. D.
REFERENCIA:
SOBRE LOS PREACUERDOS QUE SUSCRIBEN LOS DELEGADOS FISCALES
Distinguido señor Fiscal
General:
La Sala de Decisión Penal del
Tribunal integrada por los Magistrados LUIS FERNANDO RAMÍREZ CONTRERAS y RAMIRO
RIAÑO RIAÑO, presidida por el suscrito, reiteradamente ha expresado
preocupación por los preacuerdos que se vienen perfeccionando por los delegados
fiscales y la defensa en diferentes procesos.
En el asunto cuya providencia
ahora se le hace llegar, resulta palmario que una es la postura pública que
ante los medios de comunicación manifiesta el señor Fiscal General y otra, muy
diferente, la que se plasma en el preacuerdo que allí se ha debatido.
Observamos que los fiscales
delegados a la hora de suscribir preacuerdos están procediendo sin directrices
o reglas que permitan constatar la existencia de una política por parte de la
Fiscalía General en dicha materia.
Por lo anterior,
respetuosamente se dispuso solicitar al señor Fiscal General que, si a bien lo
tiene, en ejercicio de sus funciones proceda a diseñar las políticas o reglas
que deben seguir y respetar los delegados fiscales a la hora de suscribir
preacuerdos.
Anexo copia de providencia de
15/08/2017, radicación 110016000017201617648
01.
Cortésmente,
ALBERTO
POVEDA PERDOMO
Magistrado
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