El Tribunal Superior de Bogotá confirmó decisión del Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento, conforme la cual se declaró la conexidad procesal de las actuaciones penales que se siguen contra Juan Carlos Aldana Aldana, José Antonio Bonnet Llinás, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento.

Adicionalmente, el Tribunal señaló que

Es un hecho cierto que la mayoría de Despachos judiciales se encuentran congestionados y, por ello, por regla general no es posible cumplir los trámites dentro de los términos previstos por el legislador.

Desafortunadamente en algunas ocasiones la congestión se agrava por la puesta en marcha de diferentes prácticas totalmente dilatorias y la falta de control y dirección del proceso por parte de los jueces.

El Tribunal destaca que las audiencias preliminares que dieron lugar al pliego acusatorio unificado fueron aplazadas en forma reiterada, siendo la regla las suspensiones sin soporte o fundamento suficiente.

En el sub examine se sabe que el proceso fue asignado el 20 de enero de 2015 al Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, quien fijó el 18 de febrero de 2015 para celebrar la audiencia de acusación, diligencia que no se pudo adelantar porque la defensa no compareció. Luego, para la diligencia programada para el 26 de mayo de 2015, quien se excusó fue el delegado fiscal. El 5 de agosto de 2015 también fracasó la citación a audiencia porque la defensa no podía asistir. El nuevo decreto habilitó el día 27 de agosto de 2015 para cumplir con los alegatos acusatorios, pero nuevamente la defensa adujo imposibilidad de asistir al estrado. Por fín, el 16 de septiembre de 2015 se pudo iniciar la audiencia, oportunidad en la que se hizo por la FGN la petición de conexidad, la aceptación de la misma por el juzgado y la presentación de recursos por las partes.

El anterior recuento permite observar cómo fueron diferidos los plazos para cumplir con la audiencia de acusación, que apenas se inicia, lo que en buena medida ha corrido por cuenta del criterio laxo que se adoptó para aplazar o no celebrar las audiencias.

En consecuencia, el Tribunal exhorta al Juez para que sea más riguroso frente a las peticiones de aplazamiento de diligencias y que no olvide, en todo caso, que si una parte, interviniente o sujeto especial, como el procesado en libertad, la víctima o el Ministerio Público, no asisten a las diligencias habiendo sido convocados debidamente, las audiencias se deben celebrar sin que con ello se vulneren garantías o derechos procesales. Así mismo, el Juez debe hacer uso de sus facultades de dirección del proceso y poderes correccionales establecidos por la Ley.

La Sala también considera oportuno hacer un llamado a las partes y demás intervinientes, para que mantengan en todas sus actuaciones la debida lealtad procesal, que posibiliten tramitar el proceso de la manera más pronta y oportuna, sin dilaciones indebidas, que se verifiquen los términos, y que se dé estricto cumplimiento a los principios de economía, celeridad y concentración.

Además, se debe advertir que las apelaciones o peticiones de nulidad que eventualmente se lleguen a promover en desarrollo de las diferentes audiencias, deben concentrarse y concederse para su trámite al final de cada etapa procesal, evitándose así la repetida interrupción del proceso.

Y como el Tribunal observa que la defensa ha adoptado una conducta de poca colaboración con el trámite procesal, en los límites del abuso del derecho, los reconviene para que sus intervenciones y la puntual asistencia a las audiencias sea motivo de reconocimiento y no de reproche.

Ante la eventual repetición de situaciones de tal naturaleza, el juzgado podrá optar por requerir de la Defensoría Pública la presencia de los defensores que resulten necesarios para desarrollar las audiencias y evitar así indebidos aplazamientos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA PENAL

Magistrado Ponente:

Alberto Poveda Perdomo

Aprobado Acta N°. 094

Bogotá, D.C., miércoles, treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015).

Radicación	110016000102201300158 01
Procesados	Juan Carlos Aldana Aldana, José Antonio Bonnet Llinás, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento
Delito	Peculado por apropiación y otro
Procedencia	Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá
Asunto	Decreta conexidad
Decisión	Confirma

I. VISTOS:

1. Entra la Sala a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y los defensores de los procesados, contra el auto proferido el 16 de septiembre de 2015 por el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, que accedió a la petición de conexidad solicitada por la Fiscalía General de la Nación (FGN).

II. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

2. Según se desprende del escrito de acusación, en la ciudad de Bogotá, durante el período comprendido entre el 22 de octubre de 2009 y noviembre de 2010, Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez, José Antonio Bonnet Llinás y Juan Carlos Aldana Aldana, en compañía de servidores públicos y particulares, mediante acuerdo común, dieron el 9% del valor total del contrato Nº. 1229 de 2009 a Héctor Zambrano Rodríguez e Hipólito Moreno Gutiérrez, Secretario Distrital de Salud y concejal de la capital, respectivamente, como comisión por su gestión y participación en todo el proceso de adjudicación y ejecución del contrato antes enunciado, el cual tenía un valor de $67.203.690.674.

3. Los acusados conformaban la Unión Temporal Trasporte Ambulatorio de Bogotá, quienes fueron los encargados de entregar la comisión del 9% para asegurar que el trámite del proceso de selección y evaluación se ajustara a sus intereses y condiciones.

4. Ante el Juzgado 74 Penal Municipal con función de Control de Garantías, el 25 de agosto de 2014 la FGN imputó a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez, los delitos de cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, en calidad de coautores, cargos que no fueron aceptados.

5. La FGN promovió imputación de cargos contra José Antonio Bonnet Llinás y Juan Carlos Aldana Aldana, cumpliéndose las audiencias los días 26 de mayo y 29 de julio de 2015, respectivamente.

6. El 23 de diciembre de 2014 la FGN radicó escrito de acusación contra Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez; y el 31 de julio de 2015 presentó nuevo escrito de acusación unificado, en el que incluyó, además de los anteriores, a José Antonio Bonnet Llinás y Juan Carlos Aldana Aldana

7. El 16 de septiembre de 2015, en el momento de dar inicio a la audiencia de acusación, la FGN solicitó decretar la conexidad de la actuación y tramitar bajo la misma cuerda procesal, tanto la antigua acusación presentada contra Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez, como el nuevo escrito acusatorio promovido contra José Antonio Bonnet Llinás y Juan Carlos Aldana Aldana

8. En el traslado concedido a los sujetos procesales, el representante de la víctima coadyuvó la petición del delegado fiscal y los defensores se opusieron a la petición.

III. EL AUTO IMPUGNADO:

9. Sostuvo el a quo que no existe lesión a los derechos fundamentales ni las garantías de los acusados ante la omisión de la FGN de someter el segundo escrito de acusación a la asignación de un nuevo código único de identificación (CUI) y su consecuente reparto aleatorio, porque independientemente de la asignación que se pudiera hacer al nuevo escrito acusatorio, al ser el juez natural del asunto quien recibió el nuevo pliego de cargos, el asunto necesariamente tendría que ser sometido a su conocimiento.

10. Aclaró que la equivocación de la FGN de presentar un escrito de acusación inicialmente por dos acusados y, posteriormente, radicar otro en el que incluye nuevos procesados, no genera yerro trascendental al no existir razones que impidan que se adelante el juzgamiento de todos en una misma cuerda procesal.

11. Dijo que, contrario a las razones de los defensores, la solicitud de conexidad no es extemporánea porque no se había formulado la acusación en audiencia, siendo este el momento procesal oportuno para considerar la petición de la FGN.

12. En cuanto a la aplicación del principio de oportunidad que se tramita, adujo que no es razón suficiente para examinarlo en aras de determinar si resulta viable unificar las actuaciones, situación que también acontece con el posible quebrantamiento de garantías ante la ruptura de la unidad procesal.

13. Finalmente, en cuanto al reproche de que la FGN no ofreció los elementos de juicio necesarios para examinar si se dan los factores de conexidad, explicó que tampoco es razón que impida la acumulación de acusaciones porque del relato de los hechos se evidencia que a los cuatro imputados se les enrostran las mismas conductas, producto de su posible participación en acciones lesivas del bien jurídico administración pública.

14. Finalmente, el despacho dispuso unificar las actuaciones para adelantar un solo juzgamiento por los hechos y delitos imputados a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez, José Antonio Bonnet Llinás y Juan Carlos Aldana Aldana.

IV. LOS RECURSOS:

15. Del Ministerio Público. Mostró inconformidad con la decisión del juzgado señalando que la FGN dejó vacíos en su solicitud al no cumplir los requisitos la conexidad invocada. Consideró que los hechos antecedentes y concomitantes afectan derechos fundamentales de los acusados, entre ellos los principios de igualdad e imparcialidad.

16. Estimó que la ruptura de las unidades procesales y la unificación decretada quebrantan el principio de igualdad de las partes, al obrar dos escritos de acusación contra distintos procesados y con una serie de discordancias que impiden trazar una verdadera estrategia de defensa, máxime cuando se hizo uso de una figura que resulta injurídica, desbordando así los parámetros de la jurisprudencia al crear figuras que no existen.

17. De la defensa de Yolanda Sarmiento y Andrés Fernando Bocanegra. Señaló que no se puede unificar la actuación, como lo decretó el despacho, porque se vulneran las formas propias del juicio. Consideró que se incumplieron las reglas del reparto de procesos, para lo cual invocó el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que señala las reglas propias del sistema de reparto.

18. Señaló que el juzgado no puede conocer del escrito de acusación unificado en el que se incluyó a Juan Carlos Aldana y José Antonio Bonnet Llinás porque no existe acta de reparto ni asignación de juzgado. Explicó que el descuido leve como lo manejo el juzgado sí tiene trascendencia en el asunto bajo estudio porque si el escrito se radicó en el Centro de Servicios no se dio cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura de cara a la asignación del mismo a un juez de conocimiento.

19. Trajo a colación el artículo 51 de la Ley 906 de 2004 y la sentencia C-390/14, para destacar cuando comienza la formulación de acusación y si era el momento procesal oportuno para resolver la solicitud de conexidad, indicando que el despacho debía primero resolver si era competente antes de referirse sobre la petición presentada por la FGN.

20. Destacó que la FGN solicitó competencia por conexidad y el Juzgado explicó que no hay competencia por conexidad sino que lo que hay son delitos conexos, siendo procedente la unificación de las actuaciones, obrando el juzgado oficiosamente frente a lo que se le solicitó.

21. De la defensa de José Antonio Bonnet Llinás. Indicó que su inconformidad radica en la vulneración del debido proceso, específicamente en lo que tiene que ver con las etapas del proceso, porque en el presente caso se asumió competencia desde el 20 de enero de 2015 y, en el caso de su defendido, la imputación de cargos se hizo el 26 de mayo del presente año, lo que significa que el juzgado se arrogó la competencia antes de que hubiera imputación.

22. De la defensa de Juan Carlos Aldana Aldana. Indicó que existe una clara trasgresión a los derechos fundamentales por violación del debido proceso, específicamente las normas del reparto, de donde se puede derivar una nulidad de la actuación o la presencia de vías de hecho, al ser necesario que a la actuación se le asignara un Código Único de Identificación.

V. TRASLADO A LOS NO RECURRENTES:

23. La Fiscalía. Peticionó confirmar la decisión de instancia. Dijo que con su solicitud buscó garantizar el debido proceso a los sujetos procesales. Trajo a colación el caso de Agroingreso Seguro, en el que se realizó idéntica solicitud que fue objeto de nulidad y confirmación por el Tribunal Superior Bogotá, autoridad que no encontró irregularidad alguna en dicho proceder.

24. Destacó que los recurrentes olvidaron que la actuación surge de un contrato en el que se vieron involucrados los acusados, quienes hacían parte de la Unión Temporal a la que se le asignó el contrato objeto de debate, sumado a que siendo la FGN la titular de la acción penal puede decretar la ruptura para continuar con las investigaciones.

25. En cuanto a la trasgresión de las reglas de reparto adujo que el escrito de acusación se presentó en el centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, como se evidencia en el sello de recibido, con pleno acatamiento de los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura; que radicó un oficio en el que hizo la aclaración, motivo por el cual la nueva acusación necesariamente llegaría al mismo despacho. Refirió que la actuación ofrece, contrario a lo señalado por los defensores, garantías a todos los acusados porque fueron ellos quienes conformaron una Unión Temporal y participaron en el mismo contrato por el cual se les llamó a responder penalmente.

26. El apoderado de víctimas. Solicitó confirmar la decisión de instancia por encontrarse ajustada a los hechos, la Constitución y la Ley. Indicó que los apelantes no indicaron cuáles fueron los derechos afectados y en qué forma se presentó la vulneración.

27. Tampoco evidenció afectación alguna a las partes e intervinientes con la decisión del a quo de decretar la unificación del trámite en una misma cuerda procesal, porque con ello no se incurre en irregularidad alguna, menos en el otorgamiento de beneficios a la FGN, como lo anuncian los apelantes.

28. Indicó que los elementos materiales probatorios arrimados a la actuación permiten evidenciar que el escrito de acusación se sometió a reparto, fue entregado en la oficina que legalmente está destinada para el efecto y fue esa dependencia la que hizo la asignación al juzgado de conocimiento. Del momento oportuno para presentar la solicitud de conexidad aludió que era la audiencia de formulación de acusación, tal como se hizo y lo explicó el juzgado de instancia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

29. Competencia: De conformidad con lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 906/04, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la defensa de los procesados, contra la decisión de primera instancia que negó la conexidad.

30. Problema jurídico planteado: De lo expresado por el recurrente, la Corporación debe determinar si es procedente en el presente caso decretar la figura de la conexidad prevista en el artículo 51 de la Ley 906 de 2004.

31. Discusión. En el asunto que ocupa la atención de la Sala se sabe que la FGN inicio investigación contra Federico Gaviria Velásquez, Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez, José Antonio Bonnet Llinás, Juan Carlos Aldana Aldana y Jairo Ramón Aldana Bula, implicados en La posible adjudicación irregular del contrato Nº. 1229 de 2009, suscrito entre la Secretaría de Salud Distrital y la Unión Temporal de Transporte Ambulatorio, por valor de $67.203’690.447,00.

32. La investigación antes señalada inició con el radicado 110016000102201300158, tal y como se advierte en constancia del 20 de septiembre de 2013[1], en la que se indicó que ante el allanamiento a cargos de Federico Gaviria Velásquez, se hizo necesario asignar un nuevo CUI para la causa de Gaviria Velásquez, quedando incólume el de la investigación contra los demás implicados.

33. Posteriormente, el 25 de agosto de 2014 ante el Juzgado 74 Penal Municipal con función de control de Garantías, la FGN imputó a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez los delitos de cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación[2].

34. El 23 de diciembre de 2014 se radicó escrito de acusación contra Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez, siendo asignada la causa al Juzgado 49 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá, autoridad que convocó a la audiencia de formulación de acusación, la que no se pudo realizar por diferentes razones.

35. En la referida fecha aún no se había realizado imputación de cargos contra los demás implicados[3], porque la misma tuvo lugar el 26 de mayo contra José Antonio Bonnet Llinás y el 29 de julio de 2015 contra Juan Carlos Aldana Aldana.

36. Ante la existencia de nuevos imputados y atendiendo a que la audiencia de acusación no se había celebrado dentro del radicado 110016000102201300158, a pesar de haber sido presentado el original escrito de acusación desde 2014, la FGN allegó el 31 de julio de 2015 un nuevo escrito de acusación ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, anexando al mismo un oficio de la misma fecha dirigido al Juzgado 49 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, en el que solicitó declarar la conexidad procesal.

37. El anterior acontecer permite advertir que el principio de unidad procesal (artículo 50 de la Ley 906 de 2004) impone que por cada hecho punible se adelante una sola actuación procesal, cualquiera sea el número de autores o partícipes y que las conductas delictivas conexas se investiguen y juzguen conjuntamente, sin que obste en esta última eventualidad que se adelanten investigaciones por separado siempre que no se afecte las garantías constitucionales, lo cual significa que sólo cuando se demuestre la vulneración de garantías fundamentales procede la invalidación de la actuación[4].

38. El proceder de la FGN se circunscribe y agota con el examen de los postulados del artículo 51 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, el delegado adujo que la audiencia de formulación de acusación era el escenario propicio para solicitar que en la carpeta correspondiente a los procesados Andrés Fernando Bocanegra y Yolanda Sarmiento, incluyera el juzgamiento de Juan Carlos Aldana Aldana y José Antonio Bonnet Llinás, a quienes se acusó por los mismos hechos y conductas.

39. El Tribunal destaca que el artículo 51 ibídem establece los factores que determinan la conexidad procesal, e incluso, contrario a lo señalado por los defensores, faculta a la FGN para que solicite su decreto en la audiencia de formulación de acusación, en tanto que para la defensa se otorga esa posibilidad en la audiencia preparatoria.

40. Así las cosas, ninguna vulneración de los derechos fundamentales de los acusados se generó con la decisión del a quo, de tramitar bajo una misma cuerda procesal el escrito de acusación que vinculó a Aldana Aldana y Bonnet Llinás, porque el recuento de la actuación permite evidenciar que desde los albores de la investigación los aquí acusados venían siendo requeridos en forma conjunta por hechos relacionados con un contrato suscrito con la Secretaría de Salud Distrital, teniendo en cuenta su calidad de representantes legales de varias empresas que conformaron una Unión Temporal, con la que finalmente se suscribió la contratación hoy objeto de investigación.

41. De otro lado no es cierto, como lo dicen los defensores, que se incumplieron las reglas del reparto y por ende esa circunstancia vicia la decisión del a quo de adelantar el juzgamiento o arrogarse la competencia, porque se tiene establecido que el escrito de acusación contra Aldana Aldana y Bonnet Llinás, fue presentado el 31 de julio de 2015 ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Acusatorio, con expresa manifestación del delegado fiscal de ya encontrarse en trámite acusación contra otros dos acusados por los mismos hechos, por lo que se cumplieron las reglas de reparto que echan de menos los defensores.

42. Así, razón le asiste al a quo cuando expresó que, independientemente de que la imputación de cargos hecha contra los acusados se hiciera en fechas diferentes, la competencia para conocer de las distintas acusaciones radica en el mencionado funcionario, de donde emerge adecuado, en aras de la economía procesal, tramitar las dos acusaciones en una misma cuerda procesal, máxime cuando las dos actuaciones se encontraban en un mismo estadio procesal, esto es, pendientes de la formulación de acusación.

43. Tampoco puede predicarse que de no tramitarse por separado cada causa se haría nugatorio el derecho de defensa, porque el proceso se encuentra en la etapa incipiente de la acusación, circunstancia que permite que cada sujeto procesal pueda elaborar su estrategia de defensa, máxime cuando, se reitera, la acusación versa sobre los mismos hechos.

44. La unificación de los escritos de acusación no comporta afectación de garantías procesales, dado que en cada actuación se han observado y deberá cumplirse con las reglas básicas de un proceso como es debido, que implica trato digno, sometido a la legalidad, ejercicio de la defensa material y técnica, contradicción, publicidad, oralidad, concentración, inmediación y doble instancia, sin que se advierta detrimento en las actuaciones cuya acumulación por conexidad se decretó.

45. Las razones aducidas por el a quo y las que se prohíjan en esta providencia, son suficientes para confirmar la decisión recurrida en lo que atañe al tópico examinado.

46. Cuestiones adicionales. Es un hecho cierto que la mayoría de Despachos judiciales se encuentran congestionados y, por ello, por regla general no es posible cumplir los trámites dentro de los términos previstos por el legislador.

47. Desafortunadamente en algunas ocasiones la congestión se agrava por la puesta en marcha de diferentes prácticas totalmente dilatorias y la falta de control y dirección del proceso por parte de los jueces.

48. El Tribunal destaca que las audiencias preliminares que dieron lugar al pliego acusatorio unificado fueron aplazadas en forma reiterada, surgiendo así una irregular regla de suspensiones sin soporte o fundamento suficiente.

49. En el sub examine se sabe que el proceso fue asignado el 20 de enero de 2015 al Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá, quien fijó el 18 de febrero de 2015 para celebrar la audiencia de acusación, diligencia que no se pudo adelantar porque la defensa no compareció. Luego, para la diligencia programada para el 26 de mayo de 2015, quien se excusó fue el delegado fiscal. El 5 de agosto de 2015 también fracasó la citación a audiencia porque la defensa no podía asistir. El nuevo decreto habilitó el día 27 de agosto de 2015 para cumplir con los alegatos acusatorios, pero nuevamente la defensa adujo imposibilidad de asistir al estrado. Por fín, el 16 de septiembre de 2015 se pudo iniciar la audiencia, oportunidad en la que se hizo por la FGN la petición de conexidad, la aceptación de la misma por el juzgado y la presentación de recursos por las partes.

50. El anterior recuento permite observar cómo fueron diferidos los plazos para cumplir con la audiencia de acusación, que apenas se inicia, lo que en buena medida ha corrido por cuenta del criterio laxo que se adoptó para aplazar o no celebrar las audiencias.

51. En consecuencia, el Tribunal exhorta al Juez para que sea más riguroso frente a las peticiones de aplazamiento de diligencias y que no olvide, en todo caso, que si una parte, interviniente o sujeto especial, como el procesado en libertad, la víctima o el Ministerio Público, no asisten a las diligencias habiendo sido convocados debidamente, las audiencias se deben celebrar sin que con ello se vulneren garantías o derechos procesales. Así mismo, y de ser necesario, el Juez debe hacer uso de sus facultades de dirección del proceso y poderes correccionales establecidos por la Ley.

52. La Sala también considera oportuno hacer un llamado a las partes y demás intervinientes, para que mantengan en todas sus actuaciones la debida lealtad procesal, que posibiliten tramitar el proceso de la manera más pronta y oportuna, sin dilaciones indebidas, que se verifiquen los términos, y que se dé estricto cumplimiento a los principios de economía, celeridad y concentración.

53. Además, se debe advertir que las apelaciones o peticiones de nulidad que eventualmente se lleguen a promover en desarrollo de las diferentes audiencias, deben concentrarse y concederse para su trámite al final de cada etapa procesal, evitándose así la repetida interrupción del proceso.

54. Y como el Tribunal observa que la defensa ha adoptado una conducta de poca colaboración con el trámite procesal, en los límites del abuso del derecho, los reconviene para que sus intervenciones y la puntual asistencia a las audiencias sea motivo de reconocimiento y no de reproche.

55. Ante la eventual repetición de situaciones de tal naturaleza, el juzgado podrá optar por requerir de la Defensoría Pública la presencia de los defensores que resulten necesarios para desarrollar las audiencias y evitar así indebidos aplazamientos.

DECISIÓN:

A mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE:

1º.- CONFIRMAR el auto objeto de alzada.

2º.- ANUNCIAR que la decisión queda notificada en estrados.

3º.- MANIFESTAR que contra la presente determinación no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase.

Alberto Poveda Perdomo

Luis Fernando Ramírez Contreras

Ramiro Riaño Riaño