TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ DC
SALA DE DECISIÓN PENAL
Magistrado
Ponente: FERNANDO ADOLFO PAREJA
REINEMER
Radicación:
11001 6000 049 2007 03144 03
Procedencia: JUZGADO
13 PENAL DE CIRCUITO DE BOGOTÁ
Condenado: MARIO
BETANCOURT FRANCO
Delito: FRAUDE PROCESAL
Asunto: AUTO INTERLOCUTORIO-CADUCIDAD DE INCIDENTE DE
REPARACIÓN
Decisión: REVOCA
Y DECLARA SIN EFECTO COMPULSA DE COPIAS
Aprobado en Acta: Nº 005
Ciudad y fecha: BOGOTÁ DC, 19 DE ENERO DE 2018
1. OBJETO
Se resuelve la apelación interpuesta
por el apoderado de las víctimas contra el auto proferido el 27 de julio de
2017 por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bogotá, por el cual se declaró la
caducidad del incidente de reparación integral.
2. HECHOS
CECILIA MONTENEGRO, propietaria del inmueble
ubicado en la calle 55 N° 10-29 de Bogotá, se lo arrendó a EDUARDO FONSECA en
1974, quien colocó en el mismo un taller de mecánica y le cedió el contrato de
arrendamiento y vendió el taller a JUAN BURGALIA y GABRIEL VENEGAS, quienes a
su vez vendieron el taller a MARIO BETANCOURT. GABRIEL VENEGAS subarrendó
parcialmente el inmueble a MARIO BETANCOURT por $ 4.000 mensuales y hasta su
muerte en 1988, pagó el arriendo a la dueña del inmueble.
Después de la muerte de GABRIEL VENEGAS, el
procesado consignaba en depósito judicial el canon de arriendo a nombre del
difunto con el fin de que la propietaria del inmueble no se enterara de la
situación del inmueble. El 30 de marzo de 1993 la procesada GRACIELA PINZÓN,
esposa de MARIO BETANCOURT, registró ante la Cámara de Comercio de Bogotá el
taller de mecánica con la razón social "AUTOCLINIC".
Los procesados iniciaron proceso ordinario
de declaración de pertenencia y se hicieron declarar a su favor, por usucapión,
en primera instancia, el dominio de ese inmueble, induciendo en error al Juez 6
Civil del Circuito de Bogotá, pues alegaron ser poseedores, ocultando que eran
subarrendatarios y los cánones de arriendo consignados a órdenes de GABRIEL
VENEGAS.
3. ANTECEDENTES PROCESALES
(i) El 4 de febrero de 2010 ante el Juzgado 32 de Garantías de Bogotá se le
imputó a los procesados fraude procesal y tentativa estafa agravada por la
cuantía; (ii) el 3 de marzo de 2010 la fiscalía presentó escrito de acusación;
(iii) el 4 de marzo de 2010 el proceso se repartió al Juzgado 13 Penal del
Circuito de Bogotá; (iv) el 29 de abril de 2010 se hizo audiencia de acusación;
(v) el 27 de agosto de 2010 se hizo audiencia preparatoria; (vi) el 14 de
febrero y 29 de marzo de 2011 se hizo audiencia de juicio; (vii) el 29 de
septiembre de 2011 se profirió condena, que la defensa apeló; (viii) el 6 de
octubre de 2011 la defensa sustentó la apelación; (ix) el 7 de octubre de 2011
el apoderado de la víctima presentó alegatos de no recurrente; (x) el 6 de
noviembre de 2011 el proceso se repartido al magistrado ponente para resolver
la apelación.
(xi) El 28
de septiembre de 2012 el Tribunal de Bogotá confirmó la sentencia del 6 de
noviembre de 2011; (xii) el 12 de octubre de 2012 la defensa interpuso
casación; (xiii) el 28 de enero de 2013 presentó la demanda de casación; (xiv)
el 18 de diciembre de 2013 la Sala de Casación Penal inadmitió la demanda de
casación; (xv) el 23 de mayo de 2014 el apoderado de las víctimas solicitó
incidente de reparación; (xvi) el 1 de septiembre y 10 de octubre de 2014, 13
de febrero y 9 de marzo de 2015 no se hizo la primera audiencia de incidente de
reparación (no se dice por qué); (xvii) el 14 de abril de 2015 no se hizo la
audiencia por solicitud del sentenciado y la defensa; (xviii) el 14 de julio de
2015 no se hizo audiencia por solicitud del sentenciado; (xix) el 14 de octubre
de 2015 no se hizo la audiencia por solicitud de la defensa; (xx) el 17 de
noviembre de 2015 se hizo la primera audiencia de incidente de reparación sin
presencia del condenado.
(xxi) El 4
de febrero de 2016 el Juzgado 74 de Garantías de Bogotá se abstuvo de decretar
la medida cautelar solicitada por el apoderado de las víctimas, auto que éste
apeló; (xvii) el 9 de febrero de 2016 el apoderado de las víctimas desistió de
la apelación; (xxiii) el 30 de marzo de 2016 no se hizo la segunda audiencia de
reparación por inasistencia del procesado; (xxiv) el 5 de abril de 2016 el
Juzgado 34 de Garantías embargó el inmueble registrado en la oficina de
registro e instrumentos públicos de Fusagasugá Nº 157-55537; (xxv) el 28 de
junio de 2016 no se hizo la audiencia por inasistencia de la defensa; (xxvi) el
28 de junio de 2016 la audiencia se aplazó por inasistencia del procesado; (xxvii)
el 26 de julio de 2016 se hizo la segunda audiencia de incidente de reparación,
la defensa solicitó la nulidad de lo actuado a partir de la primera audiencia
de reparación, el juzgado no accedió y la defensa apeló; (xxviii) el 11 de
agosto de 2016 la actuación fue asignada al magistrado ponente.
(xxix) El
19 de diciembre de 2016 el Tribunal de Bogotá confirmó el auto apelado; (xxx)
el 13 de enero de 2017 se leyó por el magistrado ponente el auto anterior; (xxxi)
el 4 de julio de 2017 no se hizo la audiencia del incidente de reparación a
solicitud del condenado. Se solicitó a la defensoría pública la designación de
un defensor para evitar el aplazamiento de la siguiente audiencia; (xxxii) el
27 de julio de 2017 se hizo la segunda audiencia del incidente de reparación en
la cual se declaró la caducidad de la oportunidad para ejercer el incidente de
reparación en el proceso, como también se compulsaron copias ante la sala
disciplinaria del consejo seccional de la judicatura y la procuraduría; (xxxiii)
el 27 de julio de 2017 el apoderado de las víctimas apeló el anterior auto, el
cual sustentó dentro de la misma audiencia; (xxxiv) el 15 de agosto de 2017 el caso
se asignó al ponente.
4. COMPETENCIA
Esta Sala de Decisión Penal es
competente para resolver la apelación porque según el artículo 34-1 de la ley
906 de 2000, los Tribunales Superiores conocen de la apelación
interpuesta contra la decisión del juez penal del circuito de su Distrito Judicial.
5. AUTO
APELADO
El titular del Juzgado 13 Penal del
Circuito de Bogotá dijo que viene ejerciendo ese cargo a partir de febrero de
2016. Que según el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso
debe observarse en toda actuación judicial. Que según el artículo 106 del CPP,
la caducidad de la acción para ejercer el incidente de reparación es de 30 días
después de la ejecutoria del fallo. Que inicialmente se dio como fecha de
ejecutoria del fallo, en la ficha técnica, el 20 de enero de 2014, pues la
sentencia de segunda instancia fue del 28 de noviembre de 2012, contra la cual se
interpuso casación, que fue inadmitida el 18 de diciembre de 2013.
Que del anterior auto se le libró al
apoderado de víctimas el telegrama 148 del 14 de enero de 2014 y obra una solicitud
de insistencia de la defensa del 27 de enero de 2014, pero el 27 de marzo de
2014, en comunicación dirigida a MARIO BETANCOURT por la Procuraduría 3 Delegada
de Casación Penal, no se halló mérito para la admisión de la demanda, y fue
devuelto el asunto a la secretaría de la Sala de Casación Penal.
Que hay dos posturas sobre desde cuándo
transcurre el término para instaurar el incidente de reparación: en la fecha cuando
se inadmite la demanda de casación o a partir de cuando se libra la
comunicación para la notificación. Que la posición mayoritaria sostiene que es
en la primera. Que hay una constancia de ejecutoria del centro de servicios
judiciales. Pero impera la tesis de que los términos legales son de perentorio
cumplimiento.
Que en el marco del incidente de
reparación, se devolvió la actuación por la secretaría del Tribunal en oficio P
1023 57 del 14 de abril de 2014 y obra el telegrama 2375, junto a otros librados
por la juez coordinadora, en el que se indica que el proceso terminó con
condena y que a partir del 20 de enero de 2014 se cuentan 30 días para iniciar
el trámite, decisión que se comunicó a la dirección que hay en la actuación
como de la abogada NIDIA AFANADOR, y mediante memorial del 23 de mayo de 2014
de JORGE AFANADOR, como denunciante, se instauró el incidente de reparación.
Que no se debe tener en cuenta la
fecha de devolución de la actuación sino la de ejecutoria del fallo. Que en ese
momento el juzgado de conocimiento estaba a cargo de otros jueces y obra
constancia secretarial del 4 de agosto de 2014, después de la cual se convocó a
primera audiencia. Luego se dejaron varias constancias sobre la imposibilidad
de integrar el contradictorio para esa primera audiencia, pero el 17 de
noviembre de 2015 se logró la audiencia y se aceptó la calidad de víctima de
los interesados, tomando como referencia la radicación del memorial.
Que en la carpeta de la Corte
Suprema de Justicia aparece recibido en secretaría, el 27 de enero de 2014, el
memorial por el cual el condenado acudido a la insistencia y el 27 de marzo de
2014 la Procuradora 3 Delegada para la Casación Penal le comunicó que estudiado
su caso, no había mérito para la admisión de la demanda y el asunto se devolvió
a la secretaría de la Sala de Casación Penal.
Que luego, el mismo 27 de marzo de
2014 se devolvió la actuación a la secretaría del Tribunal y de éste al centro
de servicios, de donde obra telegrama 23754 de la juez coordinadora, indicando que
en el proceso se profirió condena y que desde el 20 de enero de 2014 se contaban
30 días para la interposición del incidente, de lo cual se libró comunicación a
NIDIA AFANADOR a la dirección que obraba de ella en la actuación. También obra
un memorial del 23 de mayo de 2014 de JORGE AFANADOR como denunciante y víctima,
para que se inicie el incidente de reparación.
El juzgado dijo que se apartaba de
la postura sostenida en el memorial porque no se puede colegir que se computan
los 30 días desde cuando se devolvió la actuación sino desde la ejecutoria del
fallo. Que el juez de entonces, con base en la constancia secretarial, convocó
a la primera audiencia dejando registrada la imposibilidad de integrar el
contradictorio, hasta que el 17 de noviembre de 2015 se logró instalar la
audiencia y aceptó la calidad de víctima de los interesados. Que tuvo en cuenta
el auto del 10 de mayo de 2016 de la Sala de Casación Penal con ponencia del
magistrado FERNANDO ALBERTO CABALLERO (sic).
Que más allá del error del anterior
juez, era deber suyo sanear los actos irregulares, y como se advertía la
caducidad, no quedaba otro camino que decretarla de oficio, máxime si las
víctimas pueden hacer valer su reparación por la vía civil. Citó precedentes
sobre cómo se deben contar los 30 días calendario a que se refiere la norma,
desde la ejecutoria de la sentencia, para lo cual se basó en un auto del 3 de
septiembre de 2014 de la Sala de Casación Penal con ponencia del magistrado BARCELÓ
CAMACHO. Como no se admitió la demanda de casación, la ejecutoria de la
sentencia operó el 18 de diciembre de 2013, que se enteró a las partes el 14 de
enero de 2014, y aun tomando esta fecha, la solicitud del 23 de mayo de 2014 excedía
los 30 días, aun contados como hábiles, sin que se pueda tomar la fecha del
retornó del asunto al juzgado, lo que debió haber advertido el juez que surtió
la primera audiencia de trámite, error que no se puede convalidar con otro.
Declaró la caducidad de la
oportunidad de ejercer el incidente de reparación en el proceso por quienes se
presentaron como víctimas en el memorial del 23 de mayo de 2014 de JORGE
AFANADOR, en el asunto en el cual se condenó a MARIO BETANCOURT por fraude
procesal y estafa agravada tentada, quedando a salvo la posibilidad de iniciar
la acción civil ante esa jurisdicción. Que una vez en firme este auto, se debían
cancelar las anotaciones, gravámenes y registros que obraran en contra del
mencionado con ocasión de este proceso, dejando sin efecto la medida cautelar
decretada por el Juzgado 34 de Garantías de Bogotá el 5 de abril de 2016.
6. REPOSICIÓN
Y APELACIÓN
El apoderado de la víctima dijo que si
bien el 27 de enero de 2014 hubo petición de insistencia para que se admitiera
la demanda de casación, el 27 de marzo de 2014 la Procuraduría resolvió
desfavorablemente la petición, de modo que el proceso regresó el 14 de abril de
2014, y que la solicitud del incidente es del 23 de mayo de 2014, contándose
los 30 días, precisamente, por las circunstancias especiales del proceso y si
bien la condena quedó en firme el 18 de diciembre de 2013, deben tenerse en
cuenta todas las circunstancias que ameritaban el estudio de una solución
diferente para el caso, atendiendo el por qué se debe tramitar el incidente y
no se debe declarar su caducidad. Si se cuenta con la acción civil, por
economía procesal no hay razón para que la reparación no se ventile en este
proceso.
Que en relación con el oficio 23754
de la juez coordinadora dirigido a NIDIA AFANADOR, sobre que contaba con 30
días para solicitar el incidente a partir del 20 de enero de 2014, se dijo que ese
telegrama era del 14 de enero de 2014, pero que esa afirmación del juzgado no
era real, pues el sello que se registra es del 22 de mayo de 2014, por lo que
hay una falsa motivación, porque es del 22 de mayo de 2014.
El juzgado debe tomar el término
para tramitar el incidente desde que se emitió el telegrama para ese efecto,
además que existe una constancia secretarial a partir del cual se debe entender
que se recibió la solicitud dentro del término legal. Si bien se mencionan
varios pronunciamientos jurisprudenciales, cada uno evalúa circunstancias
específicas y las este caso se ventilaron al iniciar el incidente, reiterando que
la fecha que aparece en el telegrama por el cual se comunicó a las víctimas que
podrían iniciar el trámite incidental, era del 22 de mayo y no del 14 de enero
de 2014.
Si bien las víctimas contaron con la
posibilidad de iniciar el 22 de mayo de 2014 y no del 14 de enero de 2014, se
avizora en el auto recurrido errores al hablar de la fecha del telegrama, que
no es del 22 de mayo de 2014, contando con el documento en forma magnética, que
de ser necesario se exhibirá para la sustentación. Solicitó que no se declare
la caducidad.
7. NO
RECURRENTES
El Ministerio Publico dijo que el
impugnante adujo que no se tuvieron en cuenta las circunstancias del caso y que
por ello se debe revocar la decisión. Que no hubo una falsa motivación por un
dato erróneo en un telegrama del 14 de enero de 2014 de la coordinadora del
centro de servicios. Que esa comunicación aclara que las víctimas sabían del
trámite, por lo que interpusieron insistencia. En el auto del 25 de junio de
2014 con ponencia del magistrado BARCELÓ CAMACHO, se dice que no se mantiene en
vilo la decisión a menos que se acepte la insistencia y en este caso no se aceptó.
Por eso la ejecutoria del fallo la da la fecha del auto que niegue el recurso
de casación, lo que no se varía con base en el telegrama al referido. Que las
partes deben ser representadas por abogados que conozcan las normas procesales
y los términos de ejecutoria, sin ampararse en un telegrama, independiente de
su fecha, por lo cual se debe mantener incólume la decisión recurrida.
8. REPOSICIÓN
El juzgado dijo que el argumento de
una falsa motivación por datos errados del telegrama, es alejado de la realidad
al otorgar al telegrama una fecha que no corresponden, pues se estaba
refiriendo al telegrama dirigido a AFANADOR SÁNCHEZ en el que se le enteró la
inadmisión de la demanda de casación. Pero la apoderada de víctima menciona un
telegrama del 22 de mayo de 2014, que no tiene que ver. Que el juzgado no tenía
necesidad de inventar datos y por eso se ratificó en su decisión. Que el cálculo
del apoderado de la víctima de que el término se contaba partir del 14 de abril
de 2014, no se acompasa con las constancias en el proceso porque es desde la
ejecutoria de la sentencia, lo que no se enerva por un informe secretarial ni por
la primera audiencia, como tampoco la ejecutoria de la sentencia ocurre cuando
el proceso regresa al centro de servicios. Confirmó su auto y dio la apelación.
9. CONSIDERACIONES
El artículo 102 del CPP dice que en
firme la sentencia condenatoria, a solicitud de la víctima, del fiscal o el
ministerio público, el juez de conocimiento convocará a audiencia de inicio al
incidente de reparación. El artículo 106 ibídem dice que la solicitud para la
reparación por este trámite incidental caduca 30 días después de haber quedado
en firme la condena. A su vez el artículo 302 del CGP dice que las providencias
proferidas en audiencia quedan en firme una vez notificadas, cuando no sean
impugnadas, no admitan recurso o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva el recurso interpuesto. Si se pide aclaraciones o complementación de
ellas, sólo quedarán ejecutoriadas una vez resuelta la solicitud.
El problema jurídico planteado en
este caso no implica determinar la fecha cuando habría quedado en firme la
condena. Para el juzgado, esa firmeza se adquirió el 18 de diciembre de 2013,
cuando la Sala de Casación Penal inadmitió la demanda de casación que había
interpuesto la defensa contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Bogotá el 28 de septiembre de 2002. Así lo dijo, además, la propia Corte
Suprema de Justicia al inadmitir la demanda de casación en este caso.
El verdadero problema jurídico que
se debe resolver, corresponde en la determinación del momento en el cual debe
comenzar a transcurrir el término de los 30 días legales para que la víctima,
el ministerio público o la fiscalía, según el caso, soliciten al juez de
conocimiento el inicio del incidente de reparación integral.
Al respecto ya otra Sala de Decisión
Penal de este Tribunal, en auto del 30 de agosto de 2017, radicado 2014 00141
02, había dicho: “… Hasta tanto no se
resuelvan todos los asuntos concernientes al proceso que se encuentra en la Corte
Suprema de Justicia, incluyendo el pronunciamiento que haga el ministerio
público sobre este instrumento (insistencia) no puede afirmarse que la
sentencia produce efectos sobre el incidente de reparación integral, porque de
todas maneras no es posible pretender iniciarlo cuando está pendiente el
pronunciamiento que acceda o descarte la insistencia. De acuerdo con ello, solo
en el momento en que concluyera la actividad que implica resolver la
insistencia se pueden empezar a contabilizar los plazos para fijar la posible
caducidad y no antes…”.
En este caso la Corte Suprema de Justicia
profirió su auto de inadmisión de la demanda de casación el 18 de diciembre de
2013; el 14 de enero de 2014 se libraron las comunicaciones a las partes; el 20
de enero de 2014 el condenado se notificó del auto; el 27 de enero de 2014 la
defensa presentó insistencia; el 27 de marzo de 2014 la Procuraduría Tercera
para la Casación Penal negó la insistencia; en esa misma fecha se devolvió el
expediente de la Procuraduría a la Sala de Casación Penal, y de ésta a la Secretaría
de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá; el 31 de marzo 2014 se ordenó devolver
la carpeta del Tribunal de Bogotá al centro de servicios de Paloquemao; el 14
de abril de 2014 se recibió el expediente en el centro de servicios de
Paloquemao.
De acuerdo con el argumento expuesto
en el precedente citado, que la Sala comparte en su integridad, sólo a partir
14 de abril de 2014 era factible para la víctima poder disponer, de un modo
inequívoco, de la carpeta con todos los elementos que la integran con el fin de
preparar su petición de inicio del incidente de reparación integral y
presentarlo de un modo efectivo ante el centro de servicios de Paloquemao con
ese fin.
Es cierto que en el auto del 18 de
diciembre de 2013, radicado 40608, la sala de casación penal precisó que la
insistencia no era un recurso sino un mecanismo especial, de modo que no tiene
eficacia para impedir la ejecutoria o firmeza de la sentenciada proferida en
segunda instancia por el tribunal superior de distrito judicial, de lo cual se
pueden derivar efectos ciertos sobre la interrupción de la prescripción de la
acción penal.
Pero esta consideración, que es
válida y cierta, no impide entender que por efecto de la insistencia la Sala de
Casación Penal, a instancias del ministerio público o de alguno de sus
magistrados ausentes o disidentes, pueden reconsiderar la inadmisión de la
demanda de casación, para en su lugar admitirla, lo que crea la probabilidad de
que la sentencia demandada pueda ser casada en cualquiera de los sentidos en
que ello es factible, como revocarla, modificarla, aclararla o complementarla.
Esto significa que el entendimiento formal
de las normas citadas, según el cual los 30 días para interponer el incidente
de reparación integral comenzarían a transcurrir, de un modo mecánico, desde la
fecha cuando se profiere el auto de inadmisión de la demanda de casación civil,
conduciría a la perplejidad de que mientras la víctima iniciaba e impulsaba ante
el juzgado el incidente de reparación, bajo la consideración de que la condena
estaba en firme, la Corte podría, por efecto de la insistencia, reconsiderar la
inadmisión de la demanda de casación, caso en el cual lo actuado dentro del
incidente de reparación quedaría en el vacío, comprometiendo de un modo serio
la eficacia y economía procesal, como también los derechos de la víctima,
creando una inseguridad jurídica indeseable.
Según lo expuesto, tampoco es
razonable, para comenzar a contar los 30 días para iniciar el incidente de
reparación integral, la fecha misma del auto mediante el cual la Corte Suprema
de Justicia inadmite la demanda de casación, pues ello contraviene el principio
general de derecho procesal según el cual: “…
Salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efectos
antes de haberse notificado…”, consagrado en el 2º inciso del artículo 289
del CGP.
Este entendimiento no es arbitrario
porque resulta por lo menos exorbitante exigirle a la víctima el ejercicio de la
carga procesal de presentar en tiempo su solicitud de incidente de reparación
integral, so pena de sancionarlo con la caducidad, sin que él conozca que la Corte
ha proferido, en fecha cierta, la inadmisión de la demanda, para cuya
notificación está previsto que se le libren oficios, siendo, además, un acto de
realismo socio-jurídico reconocer que tales decisiones no pueden ser proferidas
dentro del plazo legal previsto por efecto de la descomunal carga laboral que
esa corporación judicial debe atender.
Por ese motivo de ese más adecuado a
la realización del fin propuesto por las normas que prevé en el trámite
incidental de la reparación integral ante el juez penal de conocimiento,
entender que los 30 días para solicitar su inicio no comienzan a contarse de un
modo automático desde la fecha del auto que inadmite la demanda de casación,
sino después de la notificación de ese auto y 5 días después, que es el término
que tiene el demandante para presentar, ante el ministerio público y el
magistrado ausente o disidente, el mecanismo especial de insistencia. Si este
se presentó, efectivamente, el del término de los 30 días sólo comenzará a
transcurrir después de resuelto el mismo.
Pero aún ocurrido ambos hitos (que
no se ejerza y que si se ejerza la insistencia), el proceso no queda en un
estado que haga factible el ejercicio cierto de esa acción incidental por la
víctima, pues aun estando físicamente la carpeta circulando entre el ministerio
público, la secretaría de la Sala de Casación Penal y la secretaría de la Sala
Penal del respectivo Tribunal Superior, si bien no es imposible, es extremadamente
difícil acudir ante el juez de conocimiento para instaurar el incidente, pues
frente a esta actuación la víctima ni su apoderado han tenido disponible la
carpeta para preparar el escrito correspondiente, que no es de elaboración
libre, pues según el artículo 129 del CGP, quien promueva un incidente deberá
expresar lo que piden, los hechos en que se funda y las pruebas que pretende
hacer valer, teniendo en cuenta que el artículo 130 de la misma ley dice que
también se rechazará el incidente cuando no reúnan los requisitos formales.
A estos requisitos generales de la
solicitud del incidente de reparación integral, deben agregarse los requisitos
específicos previstos en el artículo 103 del CPP, que incluyen la acreditación
suficiente de la legitimidad por activa para ser reconocido como víctima, como
además la pretensión en contra del declarado penalmente responsable, y la forma
concreta de cómo se aceptaría la reparación integral a que aspira, todo lo cual
debe guardar congruencia con los hechos, los delitos y el grado de intervención
por los cuales se condenó, con indicación de la identificación, no sólo del
penalmente responsable, sino también respecto de terceros civilmente
responsable que deban comparecer al trámite respectivo.
Por este motivo se considera que el
derecho a la reparación integral de la víctima no se satisface, únicamente,
reconociéndolo jurídicamente de un modo formal, sino, además, estableciendo
condiciones reales en el proceso para hacer efectivo su ejercicio, lo cual no
ocurre sino a partir del momento en que materialmente la carpeta es entregada,
de regreso, en el centro de servicios o en la secretaría del juzgado de
conocimiento, no sólo para estabilizar la ubicación topográfica del expediente
en la instancia exacta ante la cual la víctima pueda acudir con certeza a
solicitar el incidente, sino también para tenerlo disponible durante el término
legal de 30 días, para examinarlo, pudiendo preparar los términos, no sólo del
escrito de solicitud sino, también, de su intervención oral en la primera
audiencia del incidente de reparación, que le impone varias cargas procesales,
jurídicas y probatorias con ese fin.
En el caso concreto, este evento
procesal que marcará el inicio del conteo del término de 30 días para solicitar
el incidente de reparación integral, ocurrió el 10 de abril de 2014, según el
sello de recibido en el oficio T10-2357 del 4 de abril de 2014, mediante el
cual se remitió el expediente de la secretaría de la Sala Penal del Tribunal de
Bogotá al centro de servicios en Paloquemao, tal como obra a folio 73 de la
carpeta Nº 3 del expediente.
Tiene razón el juzgado cuando afirma
que la seguridad de la actuación procesal no depende de las constancias que los
servidores judiciales dejen en la actuación, sino en cuanto ellas se adecúen a
las normas legales que las regulan, como lo sostuvo la Sala de Casación Penal
en su auto del 21 de noviembre de 2002, radicado 39609, cuando dijo: “… Si una secretaría se incurre en un
equivocó al dejar una constancia de corrimiento, vencimiento de un término,
bien sea de ejecutoria, de sustentación o de traslado, el deber de los sujetos
procesales es atenerse al régimen legal vigente en materia de procedimiento y
no aprovechar la eventual extensión de términos a que pueda haber lugar con
ocasión de los equívocos en que incurran las secretarías de los despachos
judiciales…”. Así lo reiteró esa corporación en su auto del 26 de febrero
de 2014, radicado 42.697.
Pero el error al contar el término
para solicitar la apertura del incidente de reparación integral, por la juez coordinadora
del centro de servicios judiciales de Bogotá, connota la perplejidad que se
genera al interpretar de un modo formal las normas citadas, a partir de la cual
el término comenzaría desde la fecha del auto mediante el cual la Corte Suprema
de Justicia inadmite la demanda de casación. En la boleta de citación del 22 de
mayo de 2014, Nº 23754, se le dice a NIDIA AFANADOR ANGARITA que a partir del
20 de enero de 2014 se cuenta con 30 días para solicitar incidente de
reparación, es decir, cuando ya ese término estaba vencido.
En el auto del 25 de julio de 2014,
radicado 42597, de la Sala de Casación Penal, se dijo que la ley no desarrolló los
elementos de la insistencia y que por lo tanto correspondía a esa corporación definirlos.
Al hacerlo, dijo que la insistencia no era un recurso sino un medio especial
que puede promover el demandante dentro de los 5 días siguientes a la
notificación del auto que inadmite la casación, ante el ministerio público y ante
el magistrado disidente o ausente. Que el auto que inadmitió la casación
implica la firmeza de la sentencia demandada, salvo que prospere la insistencia
y conduzca a la admisión de la casación o si la Corte actúa de oficio.
La inadmisión de la demanda de
casación instaurada por la defensa del entonces procesado MARIO BETANCOURT, no
tuvo magistrados disidentes ni ausentes, pues se aprobó por unanimidad por la
totalidad de los miembros de la Sala de Casación Penal. En esta situación la
única opción que tenía el demandante era acudir ante el ministerio público,
como lo hizo, efectivamente y en tiempo, el 27 de enero de 2014, a pesar de lo
cual su pretensión se negó.
A folio 32 del cuaderno de la Corte
Suprema de Justicia aparece copia del telegrama 148 del 14 de enero de 2014
dirigido al apoderado de víctimas JORGE AFANADOR, y a folio 33 del mismo
cuaderno obra el telegrama 149 con la misma fecha dirigido a NANCY MORALES, también
apoderada de víctima, notificándole la inadmisión de la casación.
Aunque el juzgado adujo que el
término debía contarse con días calendario, esta afirmación contraría el inciso
3º del artículo 157 del CPP, según el cual: “…
las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en
días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido
oficialmente…”. Por eso este término debe contarse en días hábiles porque
la actuación se surte en sede de conocimiento con fines de juzgamiento.
En esta condición, si el término
comenzó a transcurrir a partir del 10 de abril de 2014, venció el 30 de mayo de
2014, pues en ese lapso no se cuentan los días festivos 14, 15, 16, 17 y 18 de
abril, y 1 de mayo; los sábados 12, 19 y 26 de abril, 3, 10, 17 y 24 de mayo;
ni los domingos 13, 20 y 27 de abril, 4, 11, 18 y 25 de mayo.
La petición de iniciar el incidente
de reparación integral por parte de las víctimas se presentó el 23 de mayo de
2014, por lo cual no tiene razón el juzgado al declarar extemporánea ese acto
de parte, declarando su caducidad, pues por el contrario, se presentó en
tiempo. En consecuencia, se revocará el auto apelado, en lo que fue tema del
recurso, para en su lugar ordenar que siga el trámite ordinario del incidente.
Igualmente se declara sin efectos la compulsa de copias disciplinarias que
había ordenado, por sustracción de materia.
En mérito de lo expuesto, la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá DC
10. RESUELVE
10.1 Revocar el auto
apelado, para en su lugar ordenar que continúe el trámite ordinario del
incidente de reparación integral.
10.2 Declara
sin efectos la compulsa de copias disciplinarias que se había ordenado.
10.3 Contra este auto
no proceden recursos.
10.4 Devuélvase
el expediente al juzgado de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO POVEDA PERDOMO
JAIRO FERNANDO FIERRO CABRERA
FERNANDO ADOLFO
PAREJA REINEMER
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